La petrolera GTLI, actual socia de la compañía siderúrgica Jindal y que ya invirtió más de $us 20 millones en dos pozos del campo El Palmar y también alista millonarias inversiones en cuatro bloques petroleros en cinco regiones del país, advirtió ayer al Gobierno que de complicarse y ponerse en riesgo el contrato siderúrgico Mutún, esto puede ‘acarrear’ la paralización de sus proyectos en el sector hidrocarburífero.
“Si el contrato en el sector minero, en la cual el Estado es una parte, no se respeta, Jindal seguramente va a tener sospechas o dudas de que también la fe del Estado en los contratos petroleros pueda seguir similar destino. Es lógico asumir que están en riesgo las inversiones en los bloques Río Beni, que abarca parte de Pando, Beni y La Paz, dos bloques en Santa Cruz -Cupecito y Almendro- y un bloque denominado Itacaray en Chuquisaca. En la primera fase de exploración ya se tiene definida la inversión de $us 85 millones, propuesta que fue efectuada a nuestro socio YPFB. La inversión es 100% de nosotros”, señaló la petrolera.
En medio de esa situación, ayer los ejecutivos de la Jindal arribaron a Santa Cruz y reiteraron su compromiso de invertir $us 1.500 millones hasta el 2014, siempre y cuando el ministro de Minería, José Pimentel, y el titular de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Sergio Alandia, cumplan el acuerdo firmado el 9 de marzo de 2010 referido a la entrega de tierras, respeto a las boletas de garantías derechos de explotación, fecha inicial de plazos, área de contrato y plan de inversiones.
El abogado de la Jindal, Gustavo Aguilar, dijo que “Alandia viola el contrato porque quiere cobrar las boletas de garantía cuando ni siquiera ha concluido el primer año (26 de abril de 2010); segundo, en la supuesta ejecución de las boletas ésta debe basarse en una certificación de auditoría externa, lo que no ocurrió”.
Por su lado, Pimentel aseguró a la agencia gubernamental ABI que el contrato para explotar hierro en el yacimiento Mutún está vigente, a pesar de la controversia surgida en los últimas días y aseguró que esas diferencias deben ser resueltas por la ESM y no por el presidente Evo Morales.
Según la autoridad, Jindal no presentó su plan de inversión, no pagó derechos de explotación, no renovó la boleta de garantía a tiempo y hay una demora en las inversiones, tomando en cuenta que el contrato establecía una inversión en los dos primeros años de 600 millones de dólares y sólo ejecutó 12 millones.
"El último planteamiento de Jindal ha sido una entrevista con el presidente Morales, lo cual no corresponde, es un problema exclusivamente administrativo, y el cumplimiento de las cláusulas del contrato está encomendado a la ESM y su directorio", explicó Pimentel.
El acuerdo
- Tierras. El Estado tomará todos los recaudos necesarios para facilitar a las partes que intervienen en el Contrato de Riesgo Compartido el pleno acceso y uso de todos los predios incorporados en el área de contrato. Este punto fue incumplido.
- Boletas de garantía. Jindal informa de que ha solicitado a sus bancos en la India la extensión de las boletas de garantía por un nuevo plazo de dos años y que las nuevas boletas de garantía se hallarán disponibles en Bolivia antes del vencimiento de la boleta 014182-0200 del Banco BISA y la boleta No. D701-12482.
- Plazo. La ESM y la Jindal fijaron la fecha inicial del cómputo el 26 de abril de 2009.
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