REACCIONES DEL RESTO DE LOS GRUPOS
El PSN exige al Gobierno de UPN que retire los trámites para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para que las mujeres navarras "no sean tratadas de nuevo como delincuentes".
Los socialistas han presentado una moción en el Parlamento, que contiene tres puntos de acuerdo, para que el Ejecutivo navarro "desista" de este recurso y "aplique lo establecido" en esta ley orgánica. En un comunicado, la portavoz del PSN en la comisión de Salud, María Chivite, lamenta que "ahora, precisamente, cuando se soluciona a través de la nueva ley el tradicional escollo que convertía a Navarra en una comunidad única en el Estado, el Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad, para que de nuevo, las mujeres navarras tengan que verse obligadas, como si de unas delincuentes se trataran, a emigrar a otra comunidad, para recibir una atención sanitaria amparada por una ley orgánica del Estado".
Así, defiende que "se trata de una ley que es constitucional, tal y como señala el Dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, dado que no es incompatible con la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado al artículo 15 de la Constitución".
Nafarroa Bai considera hoy "inadmisible" que el Gobierno de Navarra utilice "un tema tan sensible y delicado como el aborto" para "ir calentando motores en clave preelectoral".
En una nota, la diputada de NaBai, Uxue Barkos, asegura que el Gobierno de UPN "está utilizando esta ley, como ya utilizó en marzo de 2007 y a las puertas de las elecciones forales, la ley de Dependencia, al recurrirla también".
Por su parte, IUN exige al Gobierno de Navarra que no recurra ante el Tribunal Constitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo y le reclamó que "garantice el cumplimiento de este derecho en Navarra".
IUN considera que la decisión del Ejecutivo de iniciar los trámites para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad es de "extrema gravedad" y que demuestra que el Gobierno de UPN "pone todas las trabas posibles al desarrollo de esta ley".
Por este motivo, la formación liderada por José Miguel Nuin advierte de que "si el Gobierno de UPN no quiere garantizar este derecho, e intenta poner todas las trabas posibles al desarrollo de esta importante ley básica", IUN "reprobará al Ejecutivo por su postura contraria a garantizar los derechos de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo".
CDN Y PPN RESPALDAN AL GOBIERNO
CDN apoya el recurso de inconstitucionalidad que plantea el Gobierno de Navarra, más allá la cuestión de fondo (el Consejo Político de CDN adoptó en diciembre de 2009 un acuerdo expreso contrario a la modificación legal del aborto), porque "consideramos irrenunciable defender las competencias propias de la Comunidad Foral de Navarra". Añaden en un comunicado que "los partidos que en este momento rechazan el recurso olvidan que antes de discutir sobre la organización, funcionamiento y planificación de los servicios sanitarios en Navarra tenemos que defender nuestra competencia en la materia. Luego discutiremos sobre esa planificación algunos favoreciendo el aborto sin límites otros exigiendo el máximo respeto que merecen la vida, el libre desarrollo de la personalidad y el libre ejercicio de los profesionales sanitarios".
El comunicado concluye señalando que "este es el momento de debatir sobre competencias, y en esa materia CDN no tiene ninguna duda que deben defenderse las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, también en esta materia del aborto en que desde el Estado se pueden estar vulnerando".
Por su parte, el Partido Popular de Navarra ha felicitado hoy al Gobierno de Navarra por su decisión de iniciar los trámites para la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En una nota, los 'populares' navarros recuerdan que "ya cuando se aprobó la ley" el PPN "pidió que se actuara con todos los medios legales al alcance", motivo por el que "nos complace esta decisión".
"Desde el PP anunciamos entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se presentará en las próximas semanas. Ambos recursos se verán en conjunto, por lo que se apoyarán recíprocamente", destacan desde el Partido Popular de Navarra.
LA DECISIÓN SE HA TOMADO EN SESION DE GOBIERNO
Este acuerdo se remite ahora al Consejo de Navarra para que emita dictamen preceptivo con carácter de urgencia, ya que el plazo para presentar el recurso finaliza el 3 de junio.
Entre los motivos de inconstitucionalidad, explicados por la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, se plantean la invasión de competencias autonómicas, situaciones de imposibilidad de organizar la prestación sanitaria, quiebra del carácter integral del Sistema Nacional de Salud o contravención de principios de derecho europeo.
En concreto, Kutz ha indicado que la ley del aborto supone "un claro cortafuero". Así, ha destacado que "invade las competencias de la Comunidad foral en su capacidad organizativa de los servicios sanitarios, en su capacidad para establecer y planificar el régimen de funcionamiento de sus servicios sanitarios".
La consejera argumentó que las capacidades de Navarra con respecto a la organización, funcionamiento y planificación de sus servicios sanitarios vienen constatadas tanto en el artículo 149 de la Constitución Española de 1978 como en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) en su artículo 53.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA
La invasión de competencias se produce, según Kutz, en la disposición final quinta de la ley orgánica, la cual "refiere que se garantizará la prestación en la red sanitaria pública o vinculada a la misma en la Comunidad Autónoma de residencia de la mujer embarazada, siempre que así lo solicite la misma".
Kutz ha añadido que esta disposición tiene su origen en una enmienda de la diputada de NaBai, Uxue Barkos. "Es por esta disposición por la que se produce la invasión de competencias", ha manifestado.
Además, ha señalado que "las personas que han legislado demuestran una gran torpeza al contradecir en esta disposición final quinta el propio articulado de la ley, concretamente, sus artículos 18 y 19". Estos artículos, según Kutz, "dicen cosas distintas de lo que dice la disposición".
Así, Kutz ha destacado que el artículo 18 dice que esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho a dicha prestación.
El artículo 19, por otro lado, refiere que la prestación sanitaria de interrupción voluntaria de embarazo se podrá realizar en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Asimismo, indica que si el servicio público no pudiera facilitar la prestación, la mujer embarazada tiene derecho a poder acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional.
Finalmente, la propuesta de recurso señala que "la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud debe ser garantizada, sin perjuicio que la prestación se dé con recursos públicos o concertados, en su ámbito geográfico o en otro, siempre que se aseguren los mecanismos de remisión".
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