Ley de Educación Superior

Una subcomisión formada por asambleístas de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología ha comenzado la elaboración del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que será presentado al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. De ahí, la ley pasará al Ejecutivo para su aprobación. En tres meses más, si no es mucho tiempo, las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos tendrán una nueva Ley de Educación Superior, a la que seguirán varios reglamentos y el nombramiento de las nuevas autoridades para las dos grandes instituciones que contempla la constitución vigente, el nuevo Consejo Nacional de Educación Superior (el Conesup de hoy) y el nuevo Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (el Conea actual).

El problema fundamental a estas alturas es que salga una ley debidamente consensuada. Y ello, no por criterios de debilidad o de fortaleza de las partes enfrentadas en contradicción.

No se trata de medir, sería simplemente absurdo, el poder de los asambleístas o del ejecutivo frente a las universidades. Si el espíritu y la redacción del proyecto de ley proveniente de la Senplades continua, nos encontraremos con una ley, producto más del voluntarismo y, en consecuencia, de la reglamentación, que no podrá dar cuenta de la complejidad y la dinámica de las universidades. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones, a las que presuntamente se pretende servir. Un caso evidente, que parece que ha empezado a declinar en el ánimo de los asambleístas, es la creencia de que exigiendo el título de PhD, prohibiendo carreras o declarando que otras deben abrirse, la calidad y la pertinencia de la educación van a mejorar casi mágicamente.

A este respecto, debería meditarse sobre lo que está sucediendo en Europa con el famoso Acuerdo de Bolonia, de 1999. Pese a que los actores y académicos participaron realmente en este acuerdo, los problemas ya han empezado a sentirse. El problema de Bolonia no es, en lectura criolla, la capacidad de imponer a las universidades europeas una reglamentación basada en competencias, sino que los actores de estas instituciones lleven a sus graduados a mayor movilidad, empleo y, por supuesto, calidad en el espacio académico europeo de educación superior. Colombia, que nos lleva algunos años en cuanto a la exigencia y calidad de sus universidades, es un referente cercano de lo que debe hacerse y de lo que cuesta en tiempo lograr objetivos.

Por el momento, lo que se pide a los miembros de la Comisión de Educación es que asuman los planteamientos de las universidades dentro del espíritu de la Constitución. Los grandes organismos de planificación y de control de calidad deben ser autónomos, igual que las universidades; hay que respetar las identidades diferentes pero no opuestas de las universidades públicas y de las particulares en su forma de gobierno y de organización. Los rectores y autoridades académicas deben elegirse de acuerdo a dichas identidades. Urge asegurar y aumentar el financiamiento en ciencia y tecnología.

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