Tres diarios de Buenos Aires se hicieron eco el viernes de una denuncia del ex embajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, quien declaró ante un juez que empresarios que querían concretar negocios con el gobierno de Venezuela durante la anterior administración del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) debían pagar sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación argentino.
Son los jueces "los que tienen que investigar como corresponde", subrayó Aníbal Fernández.
En tanto, el ministro de Planificación, Julio de Vido, -en el cargo desde 2003- desmintió terminantemente la denuncia en una entrevista publicada por el diario La Nación. "Es una infamia, una calumnia que embarra innecesariamente a mucha gente", dijo De Vido al cuestionar que el diplomático no haya dado nombres de los supuestos implicados en su testimonio, cuyo contenido ha sido difundido además por el canal Todo Noticias.
Sadous, quien testificó el martes pasado ante el juez federal Julián Ercolini, fue reemplazado en mayo de 2005 como embajador ante Venezuela por la actual ministra de Defensa, Nilda Garré. El recambio se hizo en malos términos con el gobierno, según versiones de prensa.
Su denuncia se produjo en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre Kirchner, De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (quien fue procesado recientemente por la justicia por haber recibido dádivas de empresarios).
Las imputaciones fueron realizadas por la opositora Coalición Cívica.
Al parecer, Sadous señaló que el Ministerio de Planificación argentino habría "cobrado peaje" (coimas) a los empresarios que querían participar de los negocios con Venezuela, aunque dijo desconocer quién era el responsable.
Supuestamente, los empresarios argentinos intentaban conseguir que sus productos se enviaran a Venezuela a partir del acuerdo firmado entre Kirchner y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para crear un fideicomiso.
En ese acuerdo se indicaba que lo que se le pagaba a Venezuela por la importación de combustible estaba destinado a comprar bienes industriales argentinos.
El ex embajador también indicó que sus denuncias se basan en lo que escuchó sobre el tema a personal de la embajada, a empresarios y al agregado Comercial, Alvaro Alvarez Tufillo.
Señaló, además, que la relación comercial con Venezuela era manejada, en "forma paralela" a la cancillería por el entonces director del Organo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti.
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