Por ello, en la Comisión de Seguimiento del Plan de Actuaciones sobre sentencias de demolición se ha decidido crear un grupo de expertos formado por representantes jurídicos de las administraciones locales y autonómica y de los propios afectados para buscar una solución en el plazo "más breve posible". De hecho, se prevé que este grupo se reúna en 15 días, a mediados de mayo.
Así lo manifestaron este miércoles, al término de la reunión de la Comisión, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, los alcaldes de municipios con sentencias de derribo y los afectados por las demoliciones.
El vicepresidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por derribos, Francisco Laín, precisó que el objetivo de este grupo de trabajo es conseguir acuerdos que, por un lado, aseguren el patrimonio de los afectados, y, por otro, permitan trabajar en un marco de seguridad jurídica.
Tras indicar que existe "voluntad política" para solucionar el problema y que en la Consejería están "volcados" para hallar una salida, Mazón reconoció que no obstante que es "muy difícil" lograr "un mundo ideal" en el que se "solucionen los problemas y se mantiene la legalidad", según dijo.
En este sentido, añadió que no sólo basta con manifestar las "intenciones", sino que hay que llegar a "soluciones concretas" a través de textos "jurídicamente impecables".
El consejero también admitió que "el tiempo va pasando" y "la solución no llega", lo que achacó a que es un tema "complicado".
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