Presunción de inocencia

La administración de justicia en Ecuador debe tener sus errores en alguno de sus cuerpos institucionales, conformados por seres humanos. Desde la más simple decisión de un comisario, dictamen de un fiscal y sentencia de un juez o tribunal están sujetos a ser comentados por las partes que intervienen en un proceso legal y, a veces, la palabra “injusticia” es lanzada al aire, como si aquello fuera cierto.

Las Cortes de Justicia del país guardan en sus archivos millones de fojas que contienen las historias de hombres y mujeres partícipes en procesos, donde muchos son víctimas y otros sospechosos de victimarios.

Pero lo que más llama la atención es la gran cantidad de personas detenidas para investigaciones, hacinadas en cárceles que no fueron diseñadas para “presuntos inocentes” sino para “presuntos sospechosos”.

A lo largo de la historia jurídica en este país, el principio de presunción de inocencia ha estado vigente. Grandes juicios, casos trascendentales para la vida política y social del Ecuador se pueden contar como procesos justos en derecho civil, penal, etc. Pero también se cuentan las acciones de comisarios, jueces y fiscales basadas en “presunción de culpabilidad” (un contrasentido jurídico que tiene argumentadores como el tratadista Manzini).

Le corresponde a la sociedad civil demandar a través de los organismos pertinentes, insistir en la aplicación de ese principio fundamental de la presunción de la inocencia consagrado en el Derecho Internacional y en la Constitución de la República.

Es hora de revisar los procesos. Hay que entrar a las celdas para reconocer al inocente como una perla en la hojarasca.