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Ni Garzón ni Camps

Ni Garzón ni Camps

miércoles 02 de junio de 2010, 23:40h

Recientemente he tenido que hacer una información acerca de la curiosa situación que se les ha presentado a dos trabajadoras de Burgos, que habían interpuesto idéntica demanda sobre horarios concretos para reducciones de jornada solicitadas en sus respectivas empresas para atender a sus hijos menores, buscando así una conciliación de su vida familiar y laboral, derecho éste, por otra parte, recogido y reconocido en múltiple y amplia doctrina del Tribunal Constitucional. Pues bien, los titulares de los Juzgados número 1 y número 2 de lo Social de Burgos, donde recayeron las respectivas demandas, han dictado sentencias radicalmente contrarias entre sí, siendo una de las trabajadoras afortunadas en su reconocimiento del derecho y la otra ha tenido la desgracia de ver rechazada su demanda, y ambas son sentencias firmes contra las que no cabe recurso alguno.

Caprichos del destino, si no fuera porque estas situaciones están a la orden del día, y las padecemos continuamente los ciudadanos que cada vez en mayor medida, lo dicen las propias estadísticas de la administración de justicia, acudimos a resolver nuestros asuntos y cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que tropezamos con situaciones como las descritas anteriormente.

¿Cómo es posible que una ley pueda dar lugar a interpretaciones tan dispares que son contrarias entre sí? No seré yo quien ponga en tela de juicio la independencia judicial, esencia misma del Estado de Derecho y la división de poderes tan reclamada últimamente, por algo será,  pero sí quizá la competencia o el trabajo diario de sus señorías que, tal vez, no se aplican como deberían, y no hacen los deberes para mantenerse al día de las constantes innovaciones en el mundo del derecho, y luego pasa lo que pasa, que repercute en el ciudadano y en la calidad de la justicia y en un pérdida constante de reconocimiento de derechos.

No está mal que quienes administran la justicia comprueben en sus propias carnes la impotencia del ciudadano cuando se da de bruces con la cruda realidad, día a día, de esas “imperfecciones”, y tiene que enfrentarse no solo contra la injusticia que padece sino también contra los defectos y virtudes de quien la administra, que lo mismo firma siete autos en un día que tarda siete años en firmar una sentencia.

Y lo mismo se puede aplicar para los políticos, que elaboran leyes tan ambiguas para contentar a todos los que tienen que apoyarlas, que al final estamos en manos del criterio y la interpretación de sus señorías que van a decidir y tienen el poder para “enviarte al cielo o desterrarte a los infiernos”, y por si acaso más te vale colocar a tus amigos por si algún día te ves envuelto en algún que otro cohecho, fraude, tráfico, imputación, etc., etc., tan abundantes hoy en día. 

Justicia y sus administradores llevan meses acaparando las primeras páginas de los periódicos y ello ha desvelado con crudeza que también las más altas instancias están sujetas a bajas pasiones y que su sapiencia no les libra de envidias, rencores, venganzas, intrigas, carreras políticas, ruindades, etc., etc., en fin, que son como los demás mortales, pero con mucho poder en su pulso.

Naturalmente esta trabajadora de Burgos no ha merecido ni una breve reseña en el periódico local pero casos anónimos como éste también construyen la Justicia con mayúsculas. Me pregunto si los ciudadanos no deberíamos conocer también la calidad de nuestros jueces y saber antes de poner una demanda algún que otro dato estadístico, por ejemplo, cuántas de sus sentencias son revocadas por el órgano superior, cuánto tarda en dictar un auto o una sentencia, cuantos asuntos atiende mensualmente en el juzgado o en la sala, si tiene retrasos injustificados, y establecer así un ranking objetivo y transparente para saber a lo que nos enfrentamos cuando decidimos poner un asunto en sus manos, porque para nuestra desgracia a los jueces no les podemos votar ni botar.

Y además un reciente titular inquietante en un periódico de referencia “Colectivos de jueces dicen que no aceptan el recorte”. ¿Amenazarán con otra huelga?

Lola Prieto. Periodista

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