El ex presidente de la Junta Manuel Chaves descartó en abril de 2001 la aplicación de un impuesto sobre el beneficio de los depósitos bancarios en la comunidad autónoma, como el que ahora acaba de anunciar su sucesor al frente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, para gravar los depósitos de las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía entre un 0,3 y un 0,5 por ciento.
Durante un debate parlamentario con el entonces coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Romero, Chaves rechazó implantar esta medida en Andalucía, que acababa de ser aprobada por Extremadura, porque, además de no estar previsto en el programa electoral del PSOE-A y en sus compromisos de investidura, consideraba que su implantación no estaría "suficientemente justificada" porque, en aquellos momentos, el saldo era favorable en Andalucía porque los créditos superaban a los depósitos.
Según la transcripción de aquel debate, consultada por Europa Press, Chaves respondió en primer lugar a Romero que no contemplaba "la implantación de una norma fiscal de esta naturaleza sencillamente porque no está justificada aquí, en Andalucía, y en estos momentos", sobre todo "si comparamos los depósitos de los bancos en relación con los créditos de los mismos bancos aquí, en Andalucía".
En su réplica posterior, Chaves optó por "no entrar en por qué ha tomado esa decisión el presidente de la Junta de Extremadura (entonces Juan Carlos Rodríguez Ibarra)", pero sí quiso poner de manifiesto que "la situación aquí, en Andalucía, es una situación distinta a la de Extremadura", afirmación que sustentó en datos.
BALANCE FAVORABLE DE CRÉDITOS SOBRE DEPÓSITOS
"Si sumamos los créditos y los depósitos de la banca, de las cajas de ahorros y de las cooperativas, los créditos en Andalucía son de once billones ciento noventa mil millones de pesetas, según el Anuario del Banco de España a diciembre del año 2000, y los depósitos son de ocho billones ochocientos mil millones de pesetas", apuntó el por entonces presidente de la Junta, que subrayó que "eso quiere decir que en Andalucía los créditos de las entidades bancarias superaron a los depósitos en dos billones trescientos noventa mil millones de pesetas".
En su opinión, estos datos ponían de manifiesto que en aquel momento "el balance es bastante favorable a los andaluces", por lo que consideró que no estaba "suficientemente justificada la aplicación de una norma fiscal similar" a la extremeña. Chaves también puso en valor que ese "flujo neto favorable a los andaluces" se debía, entre otras razones, a que "la inversión en Andalucía es una inversión rentable, como consecuencia de que hay una economía solvente, que crece, y crece por encima de la media nacional y, sobre todo, también al papel que pueden estar jugando las entidades foráneas aquí".
"Con un sistema financiero andaluz fuerte y competitivo, que sea capaz de captar no solamente el ahorro interno, sino que, al mismo tiempo, sea capaz de captar una cantidad importante de recursos externos, la situación para nosotros será bastante bien distinta en el futuro. Por eso seguiré insistiendo en la necesidad del fortalecimiento del sistema financiero andaluz", dijo entonces Chaves, que concluyó su intervención parlamentaria subrayando que no veía "justificada, hoy por hoy, en esta relación entre depósitos y créditos, una norma de esas características" en Andalucía.
EVITAR “DISTORSIONES”
Por su parte, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, considera que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos en las entidades de crédito, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal. Eso sí, siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público.
En rueda de prensa en el Ministerio de Economía, Campa se expresó así al ser preguntado por la decisión de la Junta de Andalucía de crear un nuevo impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito con presencia física en la región que alcanzará un 0,3 por ciento hasta 150 millones de euros en depósitos; un 0,4 por ciento hasta 600 millones y un 0,5 por ciento para más de 600 millones.
A su juicio, igual que el Gobierno español ha defendido la coordinación de las actuaciones sobre la banca, debe hacer lo mismo ante las decisiones de las comunidades autónomas para evitar "distorsiones" en el mercado nacional.
No obstante, señaló que no le preocupa "que cada comunidad haga lo que quiera" en materia fiscal, siempre que cumpla con los compromisos de reducción del déficit y aseguró que lo que "cada una quiera hacer en esta materia entra en su plena autonomía". "Lo importante es que cumplamos la senda de consolidación fiscal", advirtió.
La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio ayer por hecho que el Gobierno de la Nación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía anunciada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como hizo en su día con esta misma medida en Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Martínez Aguayo aseguró que por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, el Ejecutivo central adoptará la misma actitud con la medida anunciada por Griñán, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en Extremadura.
LA BANCA ADVIERTE QUE PODRÍA “ENCARECER EL CRÉDITO Y PENALIZAR EL AHORRO”
La Asociación Española de Banca (AEB) advirtió de que el impuesto de depósitos de entidades de crédito anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, supondrá "encarecer el crédito y penalizar el ahorro" y aseguró que este tipo de impuestos traerá "distorsiones geográficas y también para las entidades".
Fuentes de la AEB, que es una asociación profesional formada por la práctica totalidad de los bancos españoles y extranjeros que operan en España, indicaron a Europa Press que, aunque no conocen bien la propuesta de la Junta, apuntaron que "en cualquier caso, analizando la experiencia con impuestos parecidos, como el de Extremadura, estas medidas suelen tener efectos negativos para el ahorro y la inversión".
En ese sentido, precisaron que entre esos efectos negativos, el impuesto sobre depósitos supone "encarecer la financiación y el crédito y penalizar el ahorro".
Agregaron que estas medidas "también crean distorsiones de tipo geográfico y distorsiones para las propias entidades".
Los portavoces de la banca recordaron asimismo que el impuesto extremeño "está recurrido al Tribunal Constitucional", por lo que, a su juicio, "sería conveniente esperar la resolución del TC antes que aplicar un nuevo impuesto de este tipo en otra comunidad autónoma".
El impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito de Extremadura, en vigor desde 1 de enero de 2002, está en espera de resolución del TC tras el recurso que presentó en marzo de aquel año el Gobierno de Aznar.
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