Las cajas de ahorro cierran en falso el proceso de concentración del sector

En las últimas semanas, se han precipitado cuatro operaciones: la absorción de Caixa Girona por La Caixa, la gran fusión fría de Caja Madrid y Bancaja con otras cinco entidades más; la de Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria; y la de Sa Nostra, Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés, y Caja de Badajoz. La intervención de CajaSur por parte del Banco de España demostró a los directivos de las cajas que la urgencia de la reestructuración del sistema financiero va en serio, y más cuando el Gobierno ha descartado prorrogar el FROB.

De las 45 cajas de ahorros existentes antes de la crisis financiera, se perfila que al final queden entre 15 o 20 entidades. El modo en el que se están integrando está siendo más bien 'blando'. Por un lado se están produciendo fusiones tradicionales como el caso de las cajas catalanas, por otro, absorciones; dos intervenciones y más utilizado, el Sistema de Institucional de Protección (SIP).

El SIP es un instrumento rescatado de la década de los 80 por el cual las entidades acuerdan un pacto de solidaridad que les permite compartir los riesgos y mantener independencia en su actividad y marca. Dentro de este proceso 74.813 trabajadores y una red de oficinas a nivel nacional de 13.329 sucursales se encuentran sumido en este tipo de integración.  Y es que las cajas de ahorros han dejado de lado a las fusiones convencionales para decantarse por este sistema.

En total, de los 9.000 millones presupuestados para el FROB y 3.000 millones más, ampliados a través de una emisión de deuda del Estado, las cajas de ahorros han solicitado 5.500 millones, incluidos 500 millones de la última intervención en CajaSur. La cifra no incluye los casi 3.000 millones utilizados para recuperar CCM.

¿Bancos en las cajas?

La cajas han recurrido a solventar el problema entre ellas, pero desde el mercado dudan que estas alianzas sean suficientes para competir con el nuevo escenario que se dibuja cara a la introducción de Basilea III.La normativa internacional pone sobre el papel la obligatoriedad de disponer de mayor liquides y capital, ratios más difíciles de conseguir para las entidades de menor tamaño. La respuesta que se plantean los expertos en acelerar la puesta en marcha de mecanismos, como las cuotas participativas, que permitan a las cajas acceder a capital externo. "Las cajas tienen dos alternativas. La primera, homologar lo máximo posible las cuotas participativas a las acciones ordinarias y, la segunda traspasar toda la actividad bancaria de la cajas a una entidad de crédito, o banco, que pueda capitalizarse con facilidad", explican desde el Centro PwC/IE del Sector Financiero, una institución formada por la consultora PricewaterhouseCoopers y el IE Business Schooly dirigida por el ex secretario de Estado Luis de Guindos.

Y ahí es donde entra el interés de los bancos por hacerse con la cuota de negocio de las cajas, un camino mucho más fácil si se les permitiera acceder al capital de las cajas de ahorro. La posibilidad, que se tendrá que plantear en el marco de la reforma de la Ley de Cajas (LORCA), plantea dos alternativas jurídicas, que resume el Centro PwC.

-Homologación de las cuotas participativas a las acciones ordinarias. En esta opción, la concesión de derechos políticos a los cuota partícipes supone reducir la representación proporcional de algunos o de todos los grupos de interés de las Cajas.  El estudio recomienda compensar la participación en los órganos de gobierno de los cuota partícipes con una reducción de la correspondiente a las Administraciones Públicas, entidades y corporaciones de derecho público, incluida la entidad fundadora.

En el caso que se desee evitar la pérdida de control de una Caja, podría fijarse un límite máximo de participación de los cuota partícipes en sus órganos de gobierno. Eso sí, esta medida podría reducir el atractivo para los inversores institucionales, que deberían ser los financiadotes naturales de las futuras Cajas. Para captar a estos inversores “parece necesario eliminar la disposición legal actual por la que ninguna persona, natural, jurídica o grupo económico puede ostentar, directa o indirectamente, cuotas participativas por un importe superior al cinco por ciento del total”.

-Traspaso de la actividad bancaria de las Cajas a una entidad de crédito, que pueda capitalizarse adecuadamente. Esta segunda opción, “permite mantener la actual estructura de gobierno corporativo”. Una segunda alternativa, dentro de este modelo, sería que “la Caja renuncie a su carácter de entidad de crédito para convertirse en una fundación sólo regulada por la Ley de Fundaciones”, que desarrollaría actividades benéfico sociales y que sería la propietaria del banco.  “Este modelo puede tener un mayor recorrido, que tanto la figura de un banco como la de las acciones de una sociedad anónima son más reconocidas por los inversores”.
 
Las dos alternativas analizadas suponen, en definitiva, “una mayor exposición de las Cajas de Ahorros a los mercados, para poder captar más recursos propios de terceros”, según el informe. Las ventajas de una mejor capitalización obligan, también, a aceptar una mayor disciplina por parte de los mercados. En ambos casos, es necesario dar entrada a nuevos grupos de interés: los cuota partícipes o los accionistas del banco participado. Esta cuestión no es baladí: “es previsible la aparición de tensiones políticas en las cajas, primero, porque los nuevos accionistas pueden querer participar en la toma de decisiones estratégicas y, segundo, porque a estos grupos hay que remunerarlos adecuadamente”, aclaran desde la consultora. 

Insuficiencia de recursos

Pero para los analistas, el fondo de 12.000 millones no será suficiente para sanear el sistema de cajas español. Los analistas de Citi prevén que la cantidad necesaria para concluir la reestructuración  oscila entre 24.000 y 34.000 millones. Según indican los analistas de Inverseguros este importe no supondrá ningún problema. El desarrollo del FROB permite apalancarse hasta los 90.000 millones acudiendo al mercado primario de deuda con la garantía del Estado en las emisiones hasta los 27.000 millones.