2010: El año de condenas históricas

En ese mismo orden de condenas a casos de violaciones de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de condenar al Estado colombiano por la muerte del senador Manuel Cepeda en 1994. El legislador, quien fuera militante del Partido Unión Patriótica (UP), fue ultimado por militares.

De esta forma, la CIDH decretó que Colombia violó los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, a la honra, dignidad, libertad de pensamiento y de expresión, libre asociación y derechos políticos, de Cepeda.

Dentro de las disposiciones ordenadas al Estado se encuentran la de “garantizar protección y atención médica y psicológica a los familiares de Cepeda, así como prevenir que se desplacen o salgan del país a consecuencia de amenazas, hostigamiento o persecución”.

El Estado también debe hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar y difundir una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Cepeda; así como el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial que en total suman 380 mil dólares en favor de los familiares del senador.

Finalmente se le ordena a Colombia conducir "eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Cepeda".


Los argumentos de la Corte

El fallo indica que "la Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales", indica el fallo.

Los jueces agregan que esto "constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales".

"El planeamiento y ejecución extrajudicial del senador Cepeda, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP", agrega el documento.

La Corte determinó que los agentes estatales "no sólo faltaron gravemente a sus deberes", sino que utilizaron su investidura oficial y recursos del Estado "para cometer las violaciones". Además, afirmó que en lugar de que el Estado funcionara como garantía de protección a la víctima "se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar".


Las reacciones

Iván Cepeda, hijo del asesinado senador, aseguró que confía en que el fallo "abra paso a más condenas" en el país. "Es una condena internacional que va a abrir paso para que otras condenas se produzcan. Es un reconocimiento y una manifestación clara de que ese crimen tiene carácter de lesa humanidad", sostuvo Cepeda.

Esta condena es "un triunfo en medio de múltiples adversidades y persecuciones, en un hecho que catalogaría de histórico, pues por primera vez se dice claramente en el concierto internacional que a los miembros de la UP los exterminaron...desde el interior del Estado".

De otro lado, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que es liderado por Iván Cepeda, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), que llevan los casos de los familiares de las víctimas destacaron en un comunicado que se trata de la primera sentencia de la Corte relativa al homicidio de un líder de oposición en Colombia en la que además se aborda el exterminio de la UP.

En esa medida, añadieron esas organizaciones, "el fallo constituye una contribución a la construcción de la memoria y esclarecimiento histórico de la comisión de crímenes de Estado en Colombia".

Así mismo, los familiares de Cepeda Vargas, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJILl) y el mismo CCAJAR formularon un llamado al Estado colombiano "para que el espíritu de esta sentencia se proyecte en la adopción de garantías de no repetición".

Además, abogaron por "la consolidación de un régimen en el que la libertad de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y la oposición gocen de protección, plenas garantías para su ejercicio y sean concebidos como una contribución a la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en Colombia".

Por su parte el Gobierno colombiano manifestó su "completa disposición" para cumplir con el mandato de la CIDH. "Colombia manifiesta su completa disposición de cumplir las medidas de reparación ordenadas", expresó la Cancillería.

El Gobierno colombiano también extendió su invitación “a los familiares de la víctima y a sus representantes, a trabajar conjuntamente para su adecuada implementación". Igualmente, el Estado reitera el compromiso y "plena voluntad" de continuar adelantando los esfuerzos necesarios para "identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la muerte" de Cepeda.

Es preciso recordar que esta es la primera sentencia que logran los familiares de las víctimas asesinadas de la UP. La Unión Patriótica fue un partido de corte izquierdista que nació en 1985, cuyos integrantes fueron sistemáticamente exterminados alcanzando la exorbitante cifra de casi 3 mil crímenes, de los cuales, si bien en algunos casos se capturó a los autores materiales, hasta el momento no se conocen los autores intelectuales.