MinProtección enredado en caso de corrupción

El contrato en mención contempla la redacción de los decretos que, en el marco del Estado de Emergencia Social, buscaban reformar la salud. En abril pasado, la Corte Constitucional declaró inexequibles dichas normas al no encontrarlas ajustadas a la Carta Política del país.

Sin embargo la Procuraduría continúo la investigación al respecto, resolviendo que en la firma del documento “se vulneró el principio de la moralidad”, puesto que tanto el representante legal como otros miembros del equipo de trabajo de dicha Asociación se encontraban en conflicto de intereses particulares, pues simultáneamente hacían parte de la junta directiva de empresas prestadoras de servicios en salud como Salud Colpatria S.A y la Nueva EPS S.A.

Por esos hechos serán investigados, además, la directora general de financiación del Ministerio de la Protección Social, Luisa Fernanda Bellini Pérez, y el director general de Gestión de la Demanda en Salud, Leonardo Cubillos Turriago.

Cabe recordar que en marzo pasado fue el mismo Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien solicitó declarar como no ajustados a la Constitución los llamados decretos de Emergencia Social. Ordóñez señaló entonces que los estados de excepción solo pueden decretarse cuando hay amenazas o crisis puntuales y sobrevinientes.

Sin embargo, el Gobierno Nacional decretó la emergencia al argumentar que las finanzas de la salud amenazaban con un colapso y necesitaba una corrección urgente.

Los cargos contra Palacio son de carácter disciplinario.