Bolivia: Conflicto de poderes

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, aseguró que la resolución del máximo órgano, que declaró cesantes a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está fuera de las normas. Por su parte, la entidad rechazó el recurso de “enmienda” que había presentado el Ejecutivo.

“El Gobierno hará conocer este fallo a las instancias nacionales e internacionales”, porque considera que éste es “político” y que no se sujeta a la Constitución. “El Poder Ejecutivo es respetuoso del estado de derecho, pero está analizando detenidamente la situación y verá qué acciones va a tomar, porque entendemos que no es un fallo jurídico, sino político y tiene el objetivo de favorecer la impunidad dentro de los juicios de responsabilidades que estaban en manos de estos cuatro magistrados”.

En diciembre de 2006, el Presidente Evo Morales designó interinamente, mediante un Decreto Supremo, a cuatro ministros de la Corte Suprema: Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal Callapa, Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando.
 
El miércoles 9 de mayo, el Tribunal Constitucional declaró constitucional esa designación, pero advirtió que los interinatos deben mantenerse por el lapso máximo de 90 días, por lo que los cuatro magistrados deberían quedar cesantes de sus cargos en el mes de junio.

El Gobierno presentó entonces un recurso de “complementariedad y enmienda”, advirtiendo que la entidad no puede atribuirse funciones para destituir a integrantes de otros poderes del Estado.

El Tribunal rechazó el recurso y ratificó la vigencia del fallo sobre los supremos. En ese escenario, el Gobierno de Evo Morales analiza la posibilidad de acudir a una corte internacional, aunque no especificó cuál, para denunciar las presuntas “arbitrariedades” cometidas por el organismo.

Incluso, el Gobierno analiza la instauración de un juicio de responsabilidades en contra de los miembros del Tribunal. El viceministro Héctor Arce destacó que al haber dispuesto la cesación de los cuatro ministros interinos de la Suprema, el órgano violó las leyes del ordenamiento jurídico del país.

 “Ellos están facultados para hacer justicia, pero aquí usurparon funciones. Es como que el Gobierno se ponga a hacer leyes o que emita fallos judiciales”.

En manos del Congreso

El oficialismo abrió además otra alternativa para resolver el conflicto de poderes por la nominación de los magistrados de la Corte Suprema. Esta se desarrolla en el Parlamento. El vicepresidente Álvaro García Linera convocó a sesión de Congreso para esta semana, para elegir o ratificar a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.

Para estos nombramientos, el Consejo de la Judicatura envió las nóminas a la Vicepresidencia. De acuerdo con la documentación oficial, la lista fue remitida el 29 de junio de 2006 y tiene 179 nombres de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia, en tanto que los candidatos a Fiscal General son 16 en total.

La elección de los magistrados y del Fiscal General será pública, según el Vicepresidente, “de cara al pueblo, para evitar el cuoteo del pasado. No habrá acuerdos previos ni reuniones de concertación. Votaremos por los que consideremos que merecen la confianza del pueblo”.

El viceministro Arce explicó que los miembros del Congreso deben encontrar respuestas para este conflicto de poderes.

En tanto, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, manifestó que los magistrados del Tribunal se excedieron en sus funciones, debido a que su atribución era pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto que designó a los cuatro ministros de la Corte Suprema. El problema está en que la designación que hizo el presidente Evo Morales, a través de un decreto supremo, está a derecho, ya que la Constitución prevé que este tipo de designaciones puedan darse en la circunstancia de que el Congreso Nacional esté en receso.

El presidente de la Asociación Boliviana de Juristas, Mauricio Ochoa, calificó como ilegal el fallo emitido por el Tribunal Constitucional que determinó el cese de las funciones de cuatro ministros de la Corte Suprema y pidió una categórica sanción para sus miembros.