Crónica de un escándalo anunciado

jueves 15 de julio de 2010, 17:26h

En sus inicios la sigla SGAE significaba “Sociedad General de Autores de España”, pero actualmente se ha procedido a un cambio semántico significativo de sus intereses reales y debe leerse como “Sociedad General de Autores y Editores”. Se trata, según sus estatutos de una Sociedad privada y sin “ánimo de lucro” dedicada al cobro y administración de los derechos de los editores y autores afiliados a la misma que actualmente superan los 95.000 asociados. El presidente del Consejo de Dirección es Eduardo Bautista García, conocido como Teddy Bautista, quién el próximo año va a jubilarse con la modesta pensión mensual de 24.511 euros, que corresponde al 60% de su actual sueldo más una cuantía mensual fija, más 4.000 euros que se embolsa cada año por sus correspondientes derechos de autor. Una cifra por sí sola no dice gran cosa. Se debe relacionar con otras para que uno sepa a qué atenerse. Los comisarios europeos solo cobran 20 mil euros, como el presidente de RTVE. Los controladores aéreos, 14 mil, el Presidente del Gobierno 6.515, un ministro cualquiera 5.748 y por fin el salario mínimo está por las nubes con 633 euros, algo menos que el 2% de lo que podría cobrar si hubiera trabajado en una entidad ‘sin ánimo de lucro’. Esta indecente anécdota nos plantea algunas cuestiones fundamentales. ¿Quién controla SGAE? La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, ha asegurado que el Estado "no pone las tarifas ni interviene" en las "negociaciones" de los derechos de autor. "Son las entidades de gestión quienes deciden cuáles son sus tarifas, no es el Estado o los ministerios". En esta misma línea, argumentó que son los socios de las entidades de gestión quienes tienen que "decidir" o "exigir" democráticamente cómo funcionan estas sociedades. Hombre, eso está bien. El Estado controla las tarifas de las eléctricas y gasistas, las subvenciones, los impuestos, pero desde siempre se ha olvidado de controlar a ese ente ‘no lucrativo’. ¿Por qué será? ¿No serán las multinacionales agrupadas en Promusicae las controladoras? Por qué de ahí salen todos los ataques demonizando internet y las ‘descargas ilegales’, cuya primera víctima fue Napster que perdió sus 26 millones de usuarios. Si alguien piensa, como la ministra, que se trata de una especie de ONG altruista y democrática, se llevará un chasco. En la asamblea del 18.5.2010 a tan solo un 13% de los autores, aquellos que ingresan más de 1200 euros, se le concedió el derecho a votar. Y, en la rueda de prensa se vetó el acceso a ‘El Economista’ y otros medios ‘excesivamente’ críticos con su gestión ‘democrática’. Para el economista y catedrático de la Universidad Washington (Saint Louis), Michele Boldrin, el Gobierno le está haciendo el trabajo sucio a las discográficas y a las entidades de gestión. Y añade, "No creo que los derechos de autor deban durar 90 años. El Ejecutivo no debería pensar en ideas antiguas, sino en realizar cambios adaptados a los tiempos y aceptar las nuevas tecnologías". La opacidad en el control de SGAE llevó a la CNC (Comisión Nacional de la Competencia) a un informe reclamando una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y criticando SGAE por su posición de monopolio, abusos, tarifas injustas y perjuicios para los usuarios. Casi nada para una empresa cuyo lema es “de pagar derechos solo se libra el canto del gallo”. El 8 de febrerode 2008, la Unión Europea abrió un expediente a la SGAE para estudiar si su posición en el mercado puede vulnerar leyes anti-monopolio en la venta de licencias para descargar música en internet. En julio del mismo año la Comisión Europea puso fin al monopolio de la SGAE al prohibir que fuera la única a la que letristas y compositores españoles puedan encomendar la gestión de sus derechos de autor. La abogada Verica Trstenjak del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el canon digital impuesto en España por la SGAE es considerado ilegal por realizarse de forma indiscriminada para fines ajenos a la copia privada. Nadie puede explicar como una entidad ‘sin afán de lucro’ se dedique a crear un imperio inmobiliario para comprar una red de teatros y competir con las empresas privadas. Ni por qué quería comprar un Palacio en Boadilla del Monte por 30 millones de euros. Veamos algunos casos, publicados por la prensa, de su voracidad para poder pagar jubilaciones privilegiadas: - SGAE demandó a otro salón de bodas en Sevilla, basándose en un vídeo de cuatro minutos grabado sin autorización de los novios y en un informe de otros detectives que no estaban inscritos en el registro como tales, por lo que fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos. -SGAE pedía 95 euros al Instituto de Educación Secundaria Ramón Menéndez Pidal-Zalaeta de A Coruña, por representar Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Días después de que la noticia saltara escandalosamente a los medios, la SGAE se ha visto obligada a dejar de pedir los 95 euros. - Las peluquerías catalanas, en pie de guerra contra la SGAE. Ya cobran a las emisoras de radio y encima quieren volver a cobrar, alegan indignadas. - Se pretende obligar a las bibliotecas públicas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon para 'resarcir' a los autores. Intelectuales y escritores como José Luis Sampedro se horrorizaron ¡No al préstamo de pago en bibliotecas! ¡Pero, señor Sampedro, no se ha Vd. enterado que a la SGAE la cultura le importa un comino! -Imposición de un nuevo canon, que pagamos todos, por la copia ‘para uso privado’ lo que llevo a protestas callejeras e incluso al asalto de su sede en Madrid. A causa de este mismo canon, la SGAE ha sido objeto de dos Google bombs, con la palabra «Ladrones» y con la expresión «Siempre Ganamos Algunos Euros», por lo que si buscamos «ladrones» en Google, aparece la SGAE en uno de los primeros resultados. - El CF Badalona renuncia a su himno en su estadio por la tasa que le pide la SGAE de 90 euros más IVA por cada reproducción del himno del equipo. - Tampoco SGAE se olvida de la Feria de Abril. En su frenesí recaudatorio, espera obtener por la música que se oiga en las casetas del Real no menos de medio millón de euros. - Con un testigo a sueldo SGAE intentó demostrar, que un autobús ponía música y en consecuencia debía pagar. -En el verano de 2009 se publicaron unas incendiarias declaraciones de políticos locales de Zalamea de la Serena (Badajoz) y Fuente Ovejuna (Córdoba) según las cuales, la sociedad reclamaría 24.000 y 30.000 euros respectivamente a cada uno de esos ayuntamientos por las representaciones populares de obras clásicas del teatro español. Para qué seguir! ¿Quién pondrá coto a tanta desmesura, a tanta prepotencia, a tanta voracidad?

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