La Comunidad de MAdrid impondrá próximamente una multa con una cantidad superior a los 800.000 euros a la empresa Tico S.A., en San Martín de la Vega, por el grave impacto medioambiental causado en una zona protegida como es el Parque Regional del Sureste. Fuentes cercanas a la Administración regional han asegurado a Mdo que la sanción, la segunda más grave en la historia de la Comunidad de Madrid, se produce después de un largo historial de expedientes sancionadores, la reciente clausura de la actividad y hasta un informe desfavorable de impacto medioambiental en 2003.
Atentar contra el medio ambiente puede salir muy caro. Así lo quiere demostrar la Comunidad de Madrid que va a aprobar la segunda sanción más grave de su historia por este motivo. Tal y como adelantó Mdo el pasado 6 de noviembre, serán más de 800.000 euros los que tendrá que pagar una empresa extractora de grava por atentar contra el entorno del paisaje protegido del Parque Regional del Sureste, en el término municipal de San Martín de la Vega, y después de tres años de caso omiso a las advertencias de la Administración regional.
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Fuentes cercanas al Gobierno regional han asegurado que la gravera, Tico S.A., tendrá que desembolsar la citada cantidad y restaurar los más de 50.000 metros cuadrados de paisaje degradados por su actividad no licitada. Y es que, aseguran las mismas fuentes, en 2003 la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe medioambiental desfavorable de la actividad de la empresa en este entorno, a pesar de lo cual la gravera inició la extracción. Desde entonces el Gobierno Regional ha realizado varias inspecciones y abierto varios expedientes, sin éxito. A principios de año agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), en coordinación con el Cuerpo de Agentes Forestales precintó la actividad de la empresa. Madridiario ha intentado sin éxito ponerse en contacto con los responsables de Tico, S. A. para conocer su versión de los hechos.
En 2005 la Comunidad de Madrid sancionó con 4,9 millones de euros a los infractores que atentaron contra el medio ambiente, entre ellos a una gravera que se vió obligada a desembolsar 3,6 millones, la multa más importante de estas características, Así lo recordó el director de Promoción y Disciplina Ambiental, Luis del Olmo, en la pasada edición de las jornadas de Medio Ambiente organizadas por Madridiario. De los 6.827 expedientes abiertos en 2005, casi la totalidad -6.414- terminaron en expedientes sancionadores. De ellos, 1.079 estaban referidos a residuos peligrosos y 926 a residuos no peligrosos. Del Olmo recordó, no obstante, que la mayoría de las infracciones suelen ser leves, con la excepción de estos dos casos, que por su gravedad deben contar con la aprobación de la sanción en Consejo de Gobierno.
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