Contra la libertad de expresión

Los Gobiernos de Venezuela y de la Argentina han radicalizado sus ataques contra la libertad de expresión en esta última semana. No se trata de una novedad ni tampoco de una situación que no fuese predecible desde hace mucho tiempo. Todo lo contrario. Desde un comienzo, formó parte del libreto de su respectivo proyecto autoritario. Como siempre, hubo ingenuos e ingenuos. Los primeros pensaron que si no decían, nada les tocarían.

La invisibilidad del camaleón como táctica para sobrevivir. Los segundos, que solo a los demás, no a ellos, les ajustarían las tuercas. El oportunismo como alternativa de supervivencia.

El problema, en realidad, es que ninguna de estas tácticas da resultados cuando se enfrentan a una lógica del poder que no admite discrepancias ni críticas en el plano ideológico porque solo existen amigos o enemigos del proyecto corporizado en los líderes del mismo. Pero, además, porque no pueden aceptar que se evidencien las grandes contradicciones y los fracasos del proyecto.

Es el caso de Venezuela.

La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación penal contra el diario El Nacional de Caracas por haber publicado una foto no actual de la Morgue de esa ciudad repleta de cadáveres. Posteriormente, un tribunal de menores prohibió a ese medio publicar noticias de violencia. La medida se hizo extensiva, parcialmente, al resto de medios impresos.

El problema en Venezuela es la rampante inseguridad y la violencia que se viven.

La tasa de muertes violentas, 70 por cada 100 mil habitantes, es una de las más altas del mundo. Resulta entonces obvio que los medios, profesionalmente, deben informar de lo que está sucediendo a la ciudadanía. Es el peor problema que sufre el país.



Pero el Gobierno venezolano considera que estas noticias son un ataque a su proyecto de revolución bolivariana. Sobre todo si están a la vista las elecciones legislativas de septiembre 26. Gracias a esta lógica, se construye un razonamiento perverso, que expuso magistralmente Teodoro Petkoff en un editorial de Tal Cual:

"Entonces, el problema es la foto. El problema no es el de los 16 mil homicidios anuales, 95% de los cuales permanece impune".



El jueves pasado, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno argentino prohibió a la empresa Cablevisión brindar servicios de Internet a través de la marca Fibertel.

La semana que se inicia, el Gobierno anunciará su intención de adueñarse de la empresa proveedora de papel a los periódicos del país, Papel Prensa. Los dueños de ella son La Nación y Clarín y el propio Estado argentino. Hay que sumar los ataques permanentes contra los medios en ese país, incluidos los personales como a los hijos de la directora de Clarín, a quienes se pretendía vincular con los desaparecidos de la última dictadura.

Igual que en Venezuela, el Gobierno argentino cree que no hay errores de gestión, sino manipulación de la comunicación por parte de los medios que deben, en consecuencia, ser silenciados en nombre de la presunta transformación que implica el proyecto que ellos lideran.


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