El otro debate sobre las pensiones

El debate sobre la reforma de las pensiones está abierto en España y se cerrará más pronto que tarde, con nuevos sacrificios sociales, que se añadirán a los recortes de los derechos laborales, objeto por cierto de una huelga general de la que como estamos en agosto apenas se habla pero que llegará ya en menos de un mes. Y ello es así porque los sindicatos UGT y CC OO, junto a otras centrales, creen que la reforma laboral es lesiva y debilita los convenios colectivos, de modo que muchas empresas querrán ir por libre.

En materia de reforma de pensiones suele ponerse el acento en que el Gobierno propondrá retrasar la edad de jubilación a los 67 años y en que también pretende incrementar progresivamente, hasta los 58 años, la edad mínima para prejubilarse, partiendo de que con todo ello se garantiza un modelo en el que sea posible pagar las pensiones de los 8,6 millones de jubilados de hoy, pero sobre todo de los 10,1 millones de 2020, los 12,5 de 2030 o los 15,3 millones de 2040, que se dice pronto. Como advierte el ministro Corbacho, el sistema no peligra a diez años, pero si no se hace nada, sí a veinte.

¿Pero acaba ahí el debate? No. Además de la letra pequeña que acompaña las medidas anteriores, de por sí de gran calado, desde Cataluña y otras comunidades consideradas ricas se está diciendo ya que las pensiones discriminan a las autonomías con rentas más altas, debido a que el modelo actual único no tiene en cuenta que el poder adquisitivo varía en cada comunidad. Un editorial de El Periódico de Catalunya es muy claro al respecto: los perceptores de pensiones que viven en zonas como Cataluña pierden capacidad adquisitiva cuando sus cotizaciones pasan por la caja única para convertirse en prestaciones, por lo que propone que más allá de la solución drástica de disgregar las pensiones, se debería ensayar una solución federal.

Es evidente que el debate de la financiación autonómica amenaza con extrapolarse al pago de las pensiones y que si solo son los números los que cuentan, los más desfavorecidos se asoman a otro escenario que, a priori, parece cuando menos complicado. En realidad, se trata de un asunto delicado para todos, también para el Gobierno socialista, al que le corresponde garantizar la caja única de la Seguridad Social como pilar fundamental del Estado del bienestar en España.