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Uribe es denunciado por traición a la patria

Uribe es denunciado por traición a la patria

viernes 03 de septiembre de 2010, 12:25h
La Corporación Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CCAJAR) denunció al ex presidente, Álvaro Uribe, por traición a la patria. La organización considera que la autorización del ex mandatario para la firma del tratado militar entre Estados Unidos y Colombia, que pretendía el uso de hasta siete bases nacionales por parte de los norteamericanos, constituye un acto de lesión a la soberanía nacional.

De cualquier forma, el pasado 17 de agosto la Corte Constitucional declaró inexequible el acuerdo militar, al considerar que éste era un nuevo tratado y no la renovación de uno anterior, como aseguró el Gobierno de Uribe en su momento, y que por tanto debía ser aceptado y validado por el Congreso de la República antes de ser firmado.

"Estamos instaurando esta denuncia penal porque el acuerdo de las bases militares firmado con el Gobierno de los Estados Unidos…violentó la Constitución y la Ley…, lesionó profundamente la soberanía nacional…, comprometió la integridad nacional y atentó contra los intereses de la República, hecho que el Código Penal contempla como delitos de traición a la patria (menoscabo a la integridad nacional y traición diplomática)", aseguró Luis Guillermo Pérez, representante de la CCAJAR en cuanto a la denuncia.

La organización agregó que el ex presidente podría igualmente haber incurrido en "el delito de prevaricato por acción", y anunció que también presentará una querella ante la Fiscalía General en contra de los tres antiguos ministros de Uribe que firmaron el acuerdo: Jaime Bermúdez, de Relaciones Exteriores; Gabriel Silva, de Defensa, y Fabio Valencia, de Interior y Justicia.

La denuncia de la CCAJAR, que fue la misma que en febrero pasado denunció ante la Corte la inconstitucionalidad del acuerdo, fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la instancia competente para investigar a los altos cargos; como el presidente, los ex presidentes, el Fiscal General y los magistrados de las altas Cortes; y acusarlos ante el Senado, corporación responsable de llevarlos a juicio.

Antes de la firma, el Consejo de Estado había entregado al Ejecutivo de Uribe un documento en el que advertía de la ilegalidad de varios apartados del acuerdo y de que debía ser aprobado de manera previa por el Congreso, consideración que fue ratificada recientemente por la Corte Constitucional.


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