Ya tenemos aprobada una reforma laboral que no va a servir para crear empleo, ni siquiera para favorecer las condiciones para crear empleo. Simplemente facilita y abarata el despido, carga al FOGASA con parte de esos gastos, amplía los contratos de formación de los 21 a los 24 años y permite un año más para los contratos de prácticas. Es decir, olvido intencionado de cualquier reforma en la negociación colectiva, miedo a tocar a fondo la contratación “temporal”, nada sobre la movilidad interna o geográfica, nada sobre la huelga, más mano de obra barata para los empresarios. Todos los grupos políticos, menos el PSOE, están de acuerdo.
El Gobierno sabe, lo dice en el preámbulo de la ley, que “la crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad económica y social” de nuestro modelo de relaciones laborales”. La reforma pone en evidencia que no va a cambiar el modelo y que, por tanto, no se hace lo que era inaplazable: un nuevo modelo que favoreciera la creación de empleo. Esta reforma no creará puestos de trabajo ni incentivará a empresarios a crearlos, pero va a facilitar que a algunos les resulte más barato y más fácil despedir a trabajadores. Y lo ha hecho la izquierda, no la derecha ni la CEOE. Como tampoco se abordan, en otros frentes, la reforma del modelo económico ni la de una educación con el mayor índice de fracaso escolar del mundo mundial, todo esto sólo sirve para ganar tiempo y lavar la cara ante las presiones europeas.
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Éste y otros motivos darían la razón a quienes han convocado una huelga general, después de años de mirar para otro lado sin querer denunciar el deterioro de la situación económica, los cuatro millones de parados, la ineficacia de una política, las carencias del mercado laboral, etc. Es decir, a los sindicatos. El problema es que quien ha guardado silencio, vive del Estado, ha perdido la credibilidad y no es capaz de hacer autocrítica, no puede encabezar ninguna protesta. El problema es que un 70 por ciento de los ciudadanos no piensa secundar la huelga porque no cree en los sindicatos y no está dispuesta a que, además, les descuenten cincuenta o cien euros. Los sindicatos han retrasado meses la huelga; han buscado un día-excusa para que no parezca lo que es; dicen que la huelga es “una gran putada” –un dirigente sindical”, o “un huelgón” –otro-, es decir que ni siquiera creen en lo que hacen; y, por último, están convirtiendo en destinatario de la protesta no al Gobierno sino a los empresarios, al PP o al mismísimo
Fraga. Lo único que me extraña es que todavía no le hayan echado la culpa a
Aznar.
Si para ello hay que lanzar unos vídeos, financiados con dinero público, de una zafiedad absoluta, como los diez que ha puesto en marcha UGT, con una trabajadora que dice que “se mea las bragas” o cosas similares, el espectáculo llega al límite. O no. Tal vez sean capaces de rozar el “más difícil todavía”. Vuelve el circo.
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