La jueza María Lourdes Afiuni fue trasladada al Palacio de Justicia de Caracas para la audiencia del juicio en su contra pero pidió que la llevaran de nuevo a la cárcel de mujeres INOF porque el juez de la causa estaría "parcializado políticamente" en su contra, explicó a la prensa local su abogado, José Graterol.
"Ella no va a ir a juicio el día de hoy (...) no vamos a permitir que un juez parcializado políticamente (...) juzgue a la doctora María Lourdes Afiuni", declaró Graterol a las puertas del Palacio de Justicia.
La jueza venezolana "en acatamiento al artículo 350 de la Constitución Nacional indicó todas y cada una de las razones por las cuales no se va a someter a un juicio en el que el juez sea el doctor José Alí Fabricio Paredes", añadió Graterol.
Ese artículo establece que "el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".
Graterol explicó que el miércoles recusó al juez Paredes por las presuntas "actitudes misóginas" contra su defendida, con el argumento de que la habría "chantajeado" al plantearle que aprobaría su traslado a una clínica para tratarle un quiste mamario si se sometía a juicio.
Paredes recibió y rechazó la recusación "cuando eso le corresponde a la Corte de Apelaciones", denunció el abogado, y agregó que también ayer introdujo una denuncia contra Paredes por "violencia de género en la Fiscalía 64 del Ministerio Público".
"Ese juez quiere realizar el juicio (...) sería inaudito que pretenda hacer el juicio cuando ha sido denunciado penalmente" por la propia acusada, dijo Grateron.
Afiuni ingresó en prisión en diciembre de 2009 después de conceder la libertad condicional de manera supuestamente irregular al empresario y banquero venezolano Eligio Cedeño, que se encontraba en detención preventiva desde 2007 acusado de estafa.
La Fiscalía la acusa de la presunta comisión de corrupción, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir en el caso de Cedeño, lo que la jueza rechaza con el argumento de que actuó apegada a las leyes locales.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió en diciembre pasado que se castigue a Afiuni con la "pena máxima de 30 años" de cárcel porque supuestamente permitió la evasión del empresario por medio de una triquiñuela formal.
El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado julio una resolución en la que solicita la liberación de Afiuni y considera su encarcelamiento "un ataque a la independencia judicial".
La resolución, promovida por los partidos de centroderecha, fue aprobada en Estrasburgo (noreste de Francia) por 46 votos a favor, 20 en contra y una abstención, en una votación marcada por la ausencia de la mayor parte de los 736 eurodiputados que integran la Eurocámara, lo que para el Ejecutivo venezolano deslegitimó su validez
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