Limitación de subida para las pensiones mínimas

Cerca de 5,5 millones de pensionistas tienen congeladas en el 2011 sus prestaciones, de acuerdo con el plan de ajuste diseñado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y siempre que el proyecto socialista de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene encuentre apoyos suficientes en el Parlamento para salir adelante. Pero el programa de ahorro elaborado no afectaba a las cuantías mínimas de los pensionistas. Para ellas, el jefe del Ejecutivo anunció una subida especial. Ahora, la Moncloa estudia fijar ese singular incremento en el 1%, un porcentaje que supondría, en términos medios mensuales, alrededor de unos seis euros por persona.

   El Ministerio de Trabajo e Inmigración acepta la cifra, pero es la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la que no la ve con muy buenos ojos, según relata La Voz de Galicia de este sábado. Esta política produce incertidumbre sobre el cumplimiento de ciertos compromisos adquiridos por el Gobierno en su programa electoral. En los comicios del 2008, el PSOE prometió e hizo hincapié en su programa en que si permanecía en la Moncloa la pensión mínima llegaría a los 850 euros mensuales en el 2012, último año de la legislatura en curso. El total de beneficiarios de las prestaciones más bajas ronda los 2,7 millones de personas. De este grupo forman parte el millón de jubilados y viudos (sobre todo mujeres) que viven solos con bajos ingresos económicos.

   El Gobierno -consciente de los problemas de supervivencia que padece este colectivo- le garantizó, pese a la crisis económica, a su plan de ajuste y a las recomendaciones efectuadas por los organismos comunitarios y de las instituciones internacionales, un tratamiento mejor que al resto de los pensionistas. Entre ellos, figuran los mayores de 65 años que cobran alrededor de 580 euros mensuales. Los menores de esa edad perciben 550 euros. Si al final la subida prevista del 1% se convierte en realidad y queda recogida en el proyecto de la Ley de los Presupuestos Generales, quedará un largo tramo por recorrer en el 2012. En la mayoría de los casos, el incremento tendría que superar los 250 euros mensuales, algo ahora mismo impensable.

   El Gobierno prefería guardar silencio sobre sus planes para las pensiones más bajas del 2011. Considera que no es el momento de echar más leña al fuego en sus relaciones con CCOO y UGT. El importe de estas prestaciones siempre se consulta con los agentes sociales y si el Ejecutivo mantiene el 1%, una nueva polémica está servida. Los sindicatos ya anuncian que los cambios en el capítulo de las pensiones (congelación en el 2011, retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, carencia de dinero para sacar los complementos mínimos de las cotizaciones sociales), son un motivo más para la convocatoria de la huelga general del 29 de septiembre.

Para los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el sistema público de pensiones está en peligro. El escenario en el que se desvelaba anualmente el aumento definitivo que favorecía a las prestaciones mínimas era la localidad leonesa de Rodiezmo. La noticia corría a cargo del presidente Rodríguez Zapatero, en una intervención pública ante miles de seguidores encabezados por el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

   Este año las cosas han cambiado y ante el malestar que ha surgido en el seno de la familia socialista, por lo que el sindicato considera una actuación "retrógrada" del Gobierno basada en el "retroceso social" y en el "recorte de derechos de los trabajadores", no ha habido viaje. En el 2010 la subida de las pensiones públicas fue de, al menos, un 1%. El porcentaje llegó a una media del 4% en las prestaciones de los 2,7 millones de titulares sujetos a los importes más bajos. En el caso de las personas jubiladas y viudas que viven solos, el incremento se situó entre el dos y el 4,87%. El aumento de los precios en el 2010 a fecha de agosto llega al 1,8%, evolución que de acuerdo con la ley obliga, de momento, a revalorizar las pensiones en ocho décimas. La actualización definitiva se conocerá cuando el índice de precios al consumo (IPC) de noviembre se publique. Los interesados cobrarán la deuda que el Gobierno ha contraído con ellos en enero.