Gobierno: un objetivo claro

            En el baile de afirmaciones, rectificaciones, aclaraciones y demás expresiones que durante el intenso verano han servido para mantener una apariencia de confusión en el Gobierno, ha prevalecido al menos un objetivo claro y preciso como piedra angular sobre la que desarrollar toda la acción del gobierno: la aprobación de los presupuestos generales del Estado y como requisito indispensable, recabar los apoyos indispensables para conseguir su aprobación en el debate de totalidad, ya muy próximo.

            Tratándose de un paso crucial, es normal que ni el Gobierno ni los candidatos a apoyar las cuentas presupuestarias hayan enseñado sus cartas ni el coste de sus intenciones. Para cubrir este accidentado negocio han venido bien las ya habituales rectificaciones de la vicepresidenta segunda, sometida a la tutela del Presidente, y algunas, declaraciones de éste desafortunadas por su ambigüedad como la ya famosa de Oslo,  que la oposición ha cogido por el revés y trata de que pase a la lápida en la que se grabaron muy hondas otras frases como “¡Qué error, que inmenso error! O “Constato que no me afecta” o “fenómeno distinto y distante”, de la cosecha de predecesores suyos al frente del Gobierno. La expresión de Rodríguez Zapatero fue correcta y positiva, pero retorcida inmediatamente por analistas estúpidos o malintencionados. Hay que tener muy presente que los millones de detractores de Rodríguez Zapatero aprovechan cualquier oportunidad por nimia que fuere para molerle las espaldas. Y no digamos los partidos de la oposición, pese a que parecen dormirse sobre el lecho de las favorables encuestas  practicando los aforismos que recomiendan quietud.

            El caso es que al presidente se le acumulan los problemas y ha perdido facultades para resolverlos o encubrirlos. La generalidad de encuestas sitúan su popularidad en declive progresivo, y esto es grave porque de no cambiar la tendencia podría llevarle a perder las elecciones legislativas pese a darse una hipotética recuperación económica  rápida y brillante, algo poco probable.

            Pero está claro que las preocupaciones inmediatas del jefe del ejecutivo son otras y más próximas. Aunque podría inclinarse por la solución legal de prorrogar las cuentas, una derrota en el debate de totalidad de los presupuestos le obligaría a corto plazo a disolver las cámaras y convocar elecciones en el peor momento de su partido y también en el peor momento para España. No debe extrañar por tanto que, si se le reconoce un mínimo de ética política, el presidente esté dispuesto a pagar el precio necesario para conseguir apoyos de otras fuerzas políticas, como han hecho siempre y harán cualesquiera gobiernos de diferente signo para poner en práctica sus programas.

            Resultaría así que, corrigiendo anteriores actitudes de frivolidad o ineptitud, al posponer las medidas necesarias para neutralizar la crisis económica, Rodríguez Zapatero ha abordado con decisión  los principales problemas estructurales que venían arrastrándose desde hace décadas: reforma laboral, pensiones, energía y transporte, según el plan hecho público hoy para el ferroviario de mercancías, al tiempo que se intenta diversificar las fuentes de nuestra economía. Todo muy complejo para describirlo en unas líneas, pero fundamental para que España no siga retrocediendo en competitividad y capacidad productiva y recupera la capacidad de crear empleo.

            Pero todo esto, esencialmente impopular y con gran coste electoral, quedaría en nada si no se dispusiera de una Ley de Presupuestos que reordene determinados aspectos económicos y fiscales y asegure para el año próximo los restrictivos objetivos que se ha marcado el Gobierno. Para éste, la aprobación de los presupuestos es la meta básica a alcanzar.