Inaceptables amenazas contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Está en juego un sector vital para la soberanía misma del Estado mexicano, aseguró uno de los ministros. De ello debaten ya los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),   convencidos de que nunca antes habían tenido en sus manos un juicio en el que estuvieran en juego tantos intereses y en el que se mantuvieran involucrados personajes de todos los sectores de mayor poder en el país, lo mismo del área política que económica. Pero en donde debe prevalecer el interés nacional.

Aunque la votación sobre la acción de inconstitucionalidad de las reformas federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría complicarse, pues requiere ocho de los nueve votos de los ministros que integrarán el pleno. Dos de ellos no participarán.

Ayer, el ministro José Ramón Cossío Díaz se excusó de participar en la votación --cuando era académico realizó trabajos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y para la Comisión de Comunicaciones del Senado, invitado por el exsenador Javier Corral--, y José de Jesús Gudiño Pelayo está ausente por enfermedad. El pleno, que se integra de 11 ministros, sólo contará con nueve. Ayer, seis ministros votaron a favor de aceptar la excusa de Cossío Díaz, quien se retiró del salón de plenos.

Al término de la sesión de ayer, los exsenadores Javier Corral, Manuel Bartlett Díaz y Dulce María Sauri Riancho lamentaron que "el ministro que más sabe del tema se haya excusado". Javier Corral descalificó a Antonioli, al señalar que tenía vínculos con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Romo dijo que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y finito, por más intenciones que se tengan de hacer una compresión digital.
Celestino Antonioli comentó que en un lapso largo el Valle de México podría contar con más de 20 canales de televisión.

Clara Luz Álvarez, excomisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), afirmó que en la sesión de ayer no se profundizó en algunos temas.

Explicó que los peritos señalaron que la red de televisión al público es unidireccional, pero no se explicó que "independientemente de eso, esa banda está atribuida para otros servicios también. Falta ese pedacito en la discusión. Lo que importa no es si una red construida es o no unidireccional, sino qué se va a hacer con ese bien de dominio público.

Es decir, si el concesionario no está obligado y puede prestar televisión digital en calidad de estándar --de los seis megahertz que le fueron asignados en el Acuerdo de Televisión Digital-- (ocupando 1.5 megahertz), le restan 4.5 megahertz, con los cuales puede prestar otros servicios de telecomunicaciones. Yo no me opongo a que presten otros servicios, sino a que se pierda la rectoría del Estado, que podría decidir que en esos 4.5 megahertz existan otros radiodifusores, por ejemplo".

Detalló que si las empresas ya tienen la banda de frecuencias que permite prestar radiodifusión y servicios fijos y móviles y no están obligadas a prestar el servicio de alta definición, podrían rentarle a alguien su red para prestarlos o construir ellos una red para hacerlo.

"Lo más difícil de obtener es una concesión de uso de espectro, que es limitado, pero el tema de construcción de una red depende de los recursos de la empresa", afirmó
Ministros de la Suprema Corte Consultados
Integrantes de la Corte consultados -se omiten su nombre porque existen diversas prohibiciones legales para que emitan opiniones previas a la resolución de un caso- coinciden en que los temas que revisarán son complejos, por lo que, aseguran, la primera sesión del juicio, que hoy lunes inició, es "clave" para entender las discusiones posteriores.

En especial porque estiman que duren más de una semana las disquisiciones en torno al juicio en el que se impugnaron las reformas aprobadas de manera mayoritaria en el Congreso porque se considera que son atentatorias de la Constitución, entre otras cosas, porque fueron diseñadas para mantener y acrecentar el monopolio y los privilegios de las cadenas de televisoras.

En la primera sesión de ayer lunes, un grupo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) explicarán a los ministros de la Corte todos los detalles técnicos que les ayuden a entender, sobre todo, cuál es el alcance y hasta donde están los entretelones de las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, solicitó desde hace casi un mes al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y al director del IPN, Enrique Villa, su apoyo para que eligieran a un grupo de especialistas que les garantizara una opinión independiente y sin ningún tipo de tendencia sobre el tema.

Toda la población que esté interesada en el juicio y que desee verlo en vivo, ha podido hacerlo desde ayer lunes, a partir de las 11:00 horas a través del Canal Judicial y del Canal del Congreso, que se transmiten por el sistema de cable, o por medio de internet en el portal del propio tribunal (www.scjn.gob.mx) o de la página de Terra (www.terra.com).

Esta es la primera vez que una sesión de la Suprema Corte se transmite en vivo a través de tantos medios de comunicación.

También es la primera ocasión en que los ministros del máximo tribunal del país se ven en la necesidad de recurrir a especialistas para dar respuesta a las dudas que les genera un tema vinculado con las nuevas tecnologías, a fin de contar con elementos que les permitan sustentar una decisión de tipo jurídica.

Lo novedoso del caso generó, incluso, que la Corte elaborara un acuerdo, registrado con el número 102/2007, para establecer los lineamientos conforme a los cuales tendrán que realizarse en el futuro las comparecencias de especialistas ante el Pleno, cuando se requiera su presencia para resolver algún juicio.

De entrada el análisis del caso partirá del proyecto de sentencia que elaboró el ministro Sergio Aguirre Anguiano en el que propone anular por inconstitucionales diversos artículos de la llamada Ley de Medios que garantizan los privilegios y beneficios a los actuales concesionarios de radio y televisión.

Se espera que uno de los temas que genere más polémica, por un lado, sea la propuesta que hizo Aguirre de declarar inconstitucional el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a través del cual se permite que las actuales televisoras puedan ofrecer servicios de telefonía e internet, así como quedarse con el espectro adicional que les dio el gobierno federal para la transición a las tecnologías digitales sin pagar por dichas frecuencias.

Y, por otra parte, se prevé que genere una amplia discusión el planteamiento que presentó Aguirre en el sentido de avalar y declarar la constitucionalidad del refrendo automático de las concesiones otorgadas a las grandes televisoras.

Para algunos ministros este es un punto clave porque de aprobarse esta propuesta en la práctica se le dejaría, "a perpetuidad", a las grandes televisoras el control de casi la totalidad del espectro radioeléctrico con que cuenta el país para este fin.

Como sea, todos los ministros tienen muy presente que para hacer cualquier declaratoria de inconstitucionalidad de la llamada Ley de Medios requieren contar con el voto de cuando menos 8 de los 10 ministros que actualmente integran el Pleno de la Corte, ante la ausencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien cuenta con una licencia temporal por enfermedad. Una mayoría de seis o siete votos no cambiaría nada.