Huelga sobre huelga

Con la huelga general ya a punto, en plena fase preparatoria, nos llega ya el anuncio de otro conflicto que pretende resolverse, o agudizarse, mediante la misma práctica del "paro ruidoso": los sindicatos UGT y CCOO han convocado cuatro días de huelga general en el sector de la minería del carbón y han anunciado el comienzo de un encierro en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hasta que los grupos Alonso y Viloria hagan efectivo el pago de las dos nóminas que adeudan a los mineros que trabajan para ellos. El anuncio se hacía al terminar la reunión de los representantes de las divisiones mineras de CCOO y UGT con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. La huelga, si nada lo remedia, tendrá lugar en el sector para los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre, al considerar que en el encuentro no se han satisfecho sus reivindicaciones.

Las declaraciones de los sindicalistas contrastan con las declaraciones de Sebastián al finalizar el encuentro. El ministro aseguró que la reunión había sido cordial y anunció la apertura de un expediente de inspección para los grupos Alonso y Viloria para investigar el destino de las ayudas recibidas por estos grupos desde julio de 2009. En cambio, los representantes de los sindicatos han explicado que permanecerán en el ministerio en una "asamblea permanente", con el objetivo de debatir las actuaciones que van a llevar a cabo próximamente. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Felipe López, ha dicho que el ministro no ha dado una fecha concreta para la entrada en vigor del real decreto de ayudas para el sector del carbón, que está pendiente de validación en la Comisión Europea. Además, ha apuntado que no han recibido ninguna garantía de que los mineros vayan a recibir las dos nóminas que las compañías Alonso y Viloria deben a sus trabajadores. Por su parte, el secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, recordó que aún no se han puesto en marcha los fondos de reactivación para reconvertir las comarcas mineras previstos en el Plan Nacional del Carbón. Ambos representantes sindicales coincidieron en señalar que un punto positivo de la reunión ha sido la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo plan para el carbón que supere el límite temporal de 2012 establecido en la normativa vigente.

Según el acuerdo alcanzado entre CCOO y UGT la semana pasada, la no convocatoria de huelga pasaba por el abono de los salarios a los mineros de los grupos Alonso y Viloria, que cobraron ayer la mitad de la nómina de julio, pero siguen sin recibir el importe correspondiente al resto del mes y a agosto. Además, el documento firmado exigía una fecha concreta para la aprobación del real decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad, que está pendiente de validar por la Comisión Europea, lo que garantizaría la salida del excedente de mineral y daría liquidez a las empresas del sector. Otra condición era que el Gobierno se reafirmase en su compromiso de mantener el volumen de recursos para la reactivación económica de las comarcas mineras hasta la finalización del Plan Nacional del Carbón en 2012. El conflicto radica en la incertidumbre que rodea el futuro del carbón nacional, agravada con los impagos de las nóminas de los mineros por parte de algunas empresas. Los sindicatos apoyan al Ejecutivo en la presión que realiza a Bruselas para que autorice 4el real decreto español que prolonga las ayudas al menos hasta 2012 (la Unión Europea obliga a eliminarlas a partir de 2014), pero se mostraron decepcionados respecto a la segunda pata del conflicto, el cobro de las nóminas.

Felipe López, de CCOO, acusó al Gobierno de "dar fechas a largo plazo" para abordar el pago inmediato a los trabajadores que aún no han cobrado. Sebastián presentó a las centrales un documento que probaba que los responsables de las dos empresas origen del conflicto, Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria, han recibido 367 millones de euros en ayudas públicas. "No pueden justificar que no tienen dinero", aseguró el ministro, pues "tocan a 141.000 euros por cada uno de los 2.600 mineros" que emplean. Los sindicatos respondieron: "El dinero lo tiene Victorino, pero la voluntad de pagar es de Industria", replicó Antonio Dehusa, de UGT. Más allá del pago de las nóminas, los representantes de los trabajadores exigen que continúen las subvenciones al sector, sin las cuales no sobrevive. Dos reclamaciones urgentes, de las que se enterará "el personal". Las huelgas de la minería siempre han sido muy ruidosas.