Nueve meses después de aprobarse la polémica reforma de la Ley de Extranjería, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno al que sustenta tienen claro cómo desarrollar su Reglamento. Es decir, que en todo este tiempo no han aprobado el reglamento que desarrolla, al parecer por graves discrepancias internas.
El hecho ha adquirido más notoriedad tras la polémica suscitada en Francia y la Unión Europea por la expulsión de gitanos búlgaros y rumanos, que ha originado una
agria discusión entre la Comisión Europea y el presidente galo,
Nicolás Sarkozy, y aún en el Consejo Europeo de Bruselas de este mismo jueves. Un Consejo, por cierto, en el que el presidente español,
Rodríguez Zapatero, ha templado gaitas y
ha evitado incomodar a Sarkozy con la citada expulsión.
En el caso del Reglamento de la Ley de Extranjería, uno de los problemas parece que reside, precisamente, en cómo desarrollar los famosos "documentos de arraigo". Parece que el Gobierno quiere que los redacten las Comunidades Autónomas, las cuales responden que no tienen personal para seguir a los inmigrantes y ver si son buenos o malos ciudadanos. Es decir, que no pueden valorarlo.
Si (
No(
