Suena fuerte, conspirativo inclusive, pero la exclamación que uso a modo de título se genera a partir del mismo argumento que el propio Gobierno aplica respecto de los medios y las ideas que las personas expresan a través de ellos. Me refiero, ciertamente, al grosero ardid que el régimen pretende —¿lo conseguirá?— introducir entre los artículos de una, aparentemente, sabia norma.
Vengo sosteniendo que el elemento transversal más evidente entre las llamadas “leyes estructurales” recientemente promulgadas no es otro que el de dotar al régimen de mecanismos que allanen su perpetuación en el poder. Bajo el paraguas del nuevo diseño institucional , todas estas leyes incluyen elementos perversos, desde un punto de vista democrático, que tienen por objeto el control absoluto de las instituciones, las personas y el pensamiento.
No es casual que, una vez en vigencia las mismas, el señor Presidente diga, como quien no quiere la cosa, que no le hace ascos a la re-reelección, siendo que su propia Constitución le impide de forma tan explícita que no admite otra interpretación que la obvia. Pero ahí está el oficialismo esgrimiendo una patraña tan burda que, en condiciones de institucionalidad, no llegaría ni al café del Tribunal Constitucional.
La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, frenó en seco los afanes re–reeleccionarios —la CPE colombiana lo impide— de Álvaro Uribe y éste tuvo que acatar la sentencia sin chistar; esta misma corte dejó en suspenso el convenio para la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano porque no había seguido el conducto regular —constitucional—, obligando al Congreso a tratar el caso para la autorización o no del emplazamiento de dichas bases.
En un ámbito de institucionalidad, las prescripciones con clara intención de cercenar la libertad de expresión no tendrían cabida. Menos aún si desconocen principios universales como aquel de la responsabilidad individual. Es tan deleznable la base argumental del régimen en su justificación de la ley mordaza como sería de mi parte pretender que por la falta cometida por un funcionario estatal —pienso en Santos Ramírez— haya que cerrar el Gobierno.
Saber separar las aguas es una virtud ciudadana. Así por ejemplo, para el ámbito contable, la empresa es distinta de sus propietarios; para la cosa pública, el Estado es distinto de sus eventuales administradores; la misma lógica se aplica con relación a los medios y quienes emiten sus criterios a través de éstos.
Lo antedicho no considera la arbitrariedad de criterio con la que obrará para calificar una declaración como “racista” o “discriminatoria” —cuando podría más bien tratarse de injurias, para lo cual ya está previsto un tratamiento legal.
El más reciente caso de clausura, abusiva e ilegal, de un medio de comunicación ocurrió a mediados de los años 80, cuando la televisora RTP emitió en directo —vía teléfono— las declaraciones del narcotraficante Roberto Suárez. A raíz de la misma, el propietario del medio, Carlos Palenque, saltó al campo de la política, cambiando en pocos meses el panorama electoral de entonces. Sólo para recordar.
Profesor universitario
Puka Reyesvilla
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