El Consejo de Gobierno de Castilla y León, reunido ayer en el Colegio de la Asunción de Valladolid en sesión extraordinaria, aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011. En virtud de su contenido, la Junta administrará 10.045.146.214 euros el próximo año, lo que implica una reducción del 5,02% respecto a 2010. Aunque el techo de gasto baja por segunda vez en la historia autonómica, todavía se mantiene por encima del listón de los 10.000 millones.
El texto legislativo se ha elaborado tomando como base una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1% en 2011, tres décimas menos que el calculado para el conjunto de España. Se espera una tasa de paro del 15,9% -por debajo del 19,3% nacional, en coherencia con la mejor evolución del mercado laboral regional-, lo que supone dejar atrás la destrucción de empleo y se traduce en la creación de 2.850 puestos de trabajo a tiempo completo.
El hecho de que el Proyecto de Presupuestos para 2011 descienda en 530 millones de euros respecto al actual es consecuencia directa del recorte en los recursos procedentes del nuevo modelo de financiación autonómica, que se aplica por primera vez el año que viene. Los recursos del sistema comunicados por el Gobierno disminuyen 561,3 millones en comparación con 2010. Y ello a pesar de que aumenta el porcentaje de cesión de los principales tributos, que pasan del 33% al 50% en el caso del IRPF, del 35% al 50% en el del IVA y del 40% al 58% en el de los Impuestos Especiales, lo que hace que aumenten notablemente su aportación a las arcas autonómicas.
El otro elemento que explica la importante caída de los ingresos es la imposibilidad de endeudarse en la misma medida que este año. En 2011 el Gobierno de España ha limitado el déficit de las autonomías al 1,3% del PIB, frente al 2,4% de 2010. Esto significa que Castilla y León sólo podrá emitir 747,4 millones de euros de deuda pública nueva, prácticamente la mitad que este año, puesto que como es habitual la Junta cumplirá el objetivo de estabilidad.
No hay que olvidar, por otra parte, que el endeudamiento conlleva un elevado coste financiero. De hecho, los intereses de la deuda viva alcanzarán los 232,1 millones de euros el próximo año. A esta cantidad hay que sumar 157 millones en amortizaciones, o lo que es lo mismo, de la reposición de créditos de ejercicios anteriores. El resultado es que el gasto al servicio de la deuda ascenderá en 2011 a 389,2 millones de euros, el 21,4% más. Se trata de una cifra nada desdeñable, puesto que equivale al 3,9% del Presupuesto y no puede destinarse a otro fin.
Responsabilidad y coherencia
La merma en los recursos disponibles para el año que viene habría rondado los 1.000 millones de euros si el Gobierno autonómico no hubiera tomado tres decisiones fundamentadas en la coherencia y la responsabilidad.
La primera y más importante ha sido la de presupuestar el Fondo de Cooperación, pieza clave en el nuevo sistema de financiación, en la medida en que pretende equilibrar y armonizar el desarrollo regional. En 2009 y 2010 el Gobierno de España transfirió a todas las autonomías los anticipos previstos por este concepto. Paradójicamente, el Ministerio de Economía y Hacienda ha anunciado que no tiene intención de abonar la cuantía correspondiente a 2011, que en el caso de Castilla y León asciende a 211 millones. Puesto que la Junta considera que tiene derecho a recibirla, la ha contemplado en el proyecto de ley y hará uso de todos los mecanismos jurídicos a su alcance para garantizar que llega a la región.
En segundo lugar, se han consignado como ingresos 88,7 millones de euros de endeudamiento destinados a devolver una parte de la liquidación negativa de 2008. Como se recordará, ese año el Gobierno de España transfirió a las comunidades una cantidad en concepto de impuestos muy superior a la que finalmente recaudó, por efecto de la crisis económica. Su reembolso se hará gradualmente, a lo largo de cinco años a partir de 2011. El importe de la primera anualidad se cubrirá con la citada partida de casi 89 millones, que no tiene efecto sobre el déficit en virtud de una decisión adoptada por el Ministerio de Economía y Hacienda a instancias de la Consejería de Hacienda de la Junta.
Por último, se optó por incrementar en 97 millones los préstamos financieros, que tampoco computan a efectos de deuda. Se trata de los créditos que solicitan los entes públicos instrumentales del Ejecutivo autonómico con el fin de disponer de la liquidez suficiente para conceder ayudas a las empresas, algo de especial relevancia en un momento como el actual.
Mantenimiento de la presión fiscal y nuevas ventajas tributarias
Todas estas circunstancias han hecho que los principios de austeridad, contención y prudencia que han marcado la elaboración de los Presupuestos de ejercicios anteriores estén más presentes, si cabe, en el de 2011.
En este contexto de restricción, y consciente de las dificultades a las que se enfrentan las familias, el Gobierno regional optó por no elevar la presión fiscal. Así, la Junta renuncia a implantar nuevos tributos y se limita a adaptar la tarifa del Impuesto sobre la Renta al nuevo modelo de financiación autonómica, sin hacer uso de la potestad que tiene para subir este tramo.
No conforme con esto, el Ejecutivo de Castilla y León optó por utilizar el Proyecto de Ley de Medidas Financieras que acompañará al Presupuesto como una herramienta eficaz de lucha contra la crisis y reactivación de la economía. Para ello esa norma prevé la creación de siete nuevos beneficios fiscales, la ampliación de seis ya existentes y el mantenimiento de otros 30, lo que elevará a 43 las ventajas tributarias que estarán en vigor en 2011. Las novedades más significativas tienen que ver con el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis. Con objeto de reactivarlo y movilizar el ahorro privado nacen dos deducciones que permitirán deducirse el 15% del coste tanto de las obras de reforma en la vivienda habitual, como de las mejoras en los edificios de más de 30 años.
De acuerdo con los cálculos de la Consejería de Hacienda, la aplicación de los 43 beneficios fiscales previstos favorecerá a 323.975 castellanos y leoneses, que dejarán de pagar 394,9 millones de euros en tributos. El grueso de este montante deriva de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que ahorrará 306 millones a 65.170 ciudadanos el año que viene. A continuación figuran las deducciones en el IRPF, con 61,3 millones de euros y 246.321 potenciales declarantes, seguidas por las bonificaciones en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales (12,3 millones y 2.737 contribuyentes afectados), Actos Jurídicos Documentados (10,8 millones de euros y 7.585 personas) y los Tributos sobre el Juego (4,6 millones y 2.162 beneficiarios).
Sueldos de los empleados públicos y gasto corriente
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 mantiene la rebaja de los sueldos tanto de los altos cargos como del resto de empleados públicos que se aplicó el 1 de junio de este año, que viene dada por la normativa estatal. Debido a esto los gastos de personal, que consumen el 35% de los recursos, se reducen el 4,7% respecto a este ejercicio.
Por otra parte y como viene siendo habitual, el gasto corriente no social, es decir, el coste asociado al funcionamiento de la Administración autonómica¿ vuelve a reducirse de forma relevante. Tanto es así que se limita a 108,4 millones de euros, el 4,3% menos que en 2010, debido a la aplicación de nuevas medidas de ajuste. Esto conlleva que en los últimos cuatro años, entre 2008 y 2011, ha bajado el 24,8%.
Apuesta por sanidad, educación, servicios sociales, empleo y vivienda
El reparto de los fondos disponibles es coherente con la apuesta de la Junta por las políticas más cercanas a los ciudadanos, que constituyen la esencia de las competencias autonómicas. En 2011 se eleva de nuevo el peso del gasto social, que ya representa el 69% del total y supone que dos de cada tres euros se dedican a la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo y la vivienda.
En concreto, más de un tercio del presupuesto se dirige a financiar la sanidad, que contará con casi 3.453 millones de euros. Esta cifra equivale al 40% de los recursos que gestionarán las consejerías y es un 1,41% superior a la de 2010, si se excluyen los gastos de personal. Incluye 746 millones para atender el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, el 6,5% más que hace un año. La factura farmacéutica se contiene, puesto que únicamente se eleva el 0,03%.
El esfuerzo en educación también es considerable. Asciende a 2.102 millones, el 24% del gasto de las consejerías, que servirán para mantener el contrato programa y las ayudas a la inversión, la formación y la investigación en las universidades. Dentro de esa cuantía figuran, asimismo, 121,3 millones para sufragar la actividad de los centros de enseñanza públicos, lo que implica un crecimiento del 6,3%.
De acuerdo con el proyecto de ley, a las políticas de familia e igualdad de oportunidades se dedicarán 876 millones, el 10% del total. Si se elimina el impacto del capítulo de personal, los recursos para los servicios sociales suben el 1% respecto a 2010. El grueso de ellos -550 millones de euros, el 13,2% más-se reserva para la atención a las personas dependientes, mientras que la Renta Básica de Ciudadanía cuenta con 27 millones.
La creación de puestos de trabajo se fomentará desde la consejería del ramo gracias a una partida de 311 millones de euros. El Servicio Público de Empleo destinará 222 millones al desarrollo de estas mismas políticas, y además se mantendrán los créditos del Plan de Empleo.
Asimismo, se consignan 74,2 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda, por una doble vía: mediante la concesión de ayudas a la compra y el alquiler (con 69,4 millones para ese fin) y a través de la construcción de pisos y casas de promoción pública (4,8 millones). A esto último destinará otros 85,3 millones Provilsa, lo que elevará el gasto global en vivienda a 159,5 millones de euros, el 23,6% más.
Apoyo al medio rural, la i+d+i y las empresas
El apoyo al medio rural se traduce en 1.520 millones de euros, de los que 923,8 proceden de la Política Agrícola Común (PAC) y el resto serán administrados por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
También se mantiene la apuesta por la ciencia y la tecnología, que recibe 318,9 millones, el 3,17% del Presupuesto. Con ello vuelve a cumplirse la promesa del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que esta partida suponga al menos el 3% de los recursos de cada año.
El impulso a un nuevo modelo económico, por último, se logrará de la mano de los incentivos al sector empresarial, dotados con 586,1 millones. De ellos 182,5 serán subvenciones gestionadas por la Agencia de Inversiones y Servicios y 123,2 ayudas a la industria agroalimentaria. A esto hay que añadir los 242,5 millones de euros que invertirá ADE Parques en el desarrollo de nuevos polígonos industriales, mientras que Provilsa dispondrá de una cantidad muy similar a la de este año, 37,9 millones, para seguir desarrollando los enclaves logísticos.
Cumplimiento de los compromisos de inversión
Como ocurrió en 2010, la inversión de las empresas públicas cobra gran protagonismo. De hecho, asciende a 692,3 millones de euros, cifra que es prácticamente idéntica a la de 2010 y representa el 45% del total. La administración general dedicará a este fin otros 843,2 millones a través del capítulo 6, que permitirán satisfacer los compromisos de años anteriores.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, entregará mañana el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2011 a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Con ello se cumplirá lo establecido en el artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que obliga a la Junta a presentar sus cuentas en el Parlamento regional antes del 15 de octubre de cada año.
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