Empeora actitud y comportamiento de padres hacia el profesorado

El Defensor del Profesor atendió durante el pasado curso escolar un total de 191 casos, nueve más que el anterior, lo que representa un incremento del 5 por ciento, registrándose el 69 por ciento de éstos en los centros de Educación Secundaria e incrementándose de forma considerable los casos de violencia de padres a profesores, según se desprende del informe hecho público hoy, en el que se incluyen por segundo año consecutivo casos de ciberbullying --nueva forma de violencia que permiten las nuevas tecnologías de la información y comunicación-- y mobbing laboral en los centros de la Región.

En concreto, se detectaron cinco casos de ciberbullying --uno más que curso anterior--, todos ellos en los centros de Secundaria, precisó en rueda de prensa el presidente de ANPE en Murcia, Clemente Hernández, así como siete casos de moobing --dos más que curso 2008-2009--, de los que cuatro se registraron en Educación Infantil y Primaria y los tres restantes en Secundaria.

En este sentido, Hernández destacó el incremento del número de casos atendidos en relación con padres y familiares, que corresponden sobre todo a insultos, intimidaciones, agresiones o denuncias, mientras permanecen estabilizadas con 163 casos las conductas de los alumnos contrarias a la convivencia en las aulas, originadas fundamentalmente por actos de indisciplina "que dificultan el ejercicio de la docencia".

Así recordó la agresión sufrida por la directora del Colegio La Milagrosa de Espinardo o la del maestro abofeteado en el patio del colegio público Nuestra Señora del Mar de Cartagena por la madre de un alumno al que el profesor había reprendido tras pelearse con un compañero de clase.

A esto se une la agresión al jefe de estudios y a otro profesor del colegio Nuestra Señora del Carmen en Murcia y la intimidación a su directora cuando pretendían poner en práctica las normas de principio de curso y los criterios de acogida para nuevos alumnos. En este caso concreto, ANPE se ha personado como acusación particular en los procedimientos judiciales iniciados, "a fin de solicitar su consideración de atentado contra el funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

Así como la agresión de una abuela a un profesor del IES San Isidoro de Los Dolores de Cartagena por amonestar al nieto por regresar tarde a clase. Aunque, indicó el presidente de ANPE Murcia, en aquella ocasión "los propios alumnos se manifestaban en la puerta del centro en señal de protesta con pancartas en las que se leía 'No más injusticias hacia profesores' y 'Los alumnos de este instituto apoyan a los profesores'.

TRES DE CADA CUATRO INCIDENTES, EN 1º Y 2º ESO

De los casos registrados (191), 60 corresponden a colegios de Educación Infantil y Primaria y 131 a Institutos de Educación Secundaria, lo que representa el 31 y 69 por ciento, respectivamente.

En consecuencia, añadió el presidente de ANPE Murcia, son los Institutos de Enseñanza Secundaria los centros con mayor conflictividad y en ellos es en la etapa de ESO donde se registra el mayor porcentaje de conductas contrarias a la convivencia (75%). Primero y Segundo de la ESO son los cursos donde se localizan tres de cada cuatro incidentes ocurridos en esta etapa.

Según este informe, los profesores de Secundaria son los más afectados por la conflictividad en los centros en lo que respecta a las conductas de alumnos, mientras que los profesores de Infantil y Primaria sufren en mayor porcentaje intimidaciones, agresiones y denuncias de padres y familiares. Así, el 61 por ciento de los conflictos se han producido con profesores en situación de interinidad o de funcionario en prácticas y el 39 por ciento con profesores definitivos.

La mayoría tienen edades comprendidas entre 24-45 años y predominan las profesoras sobre los profesores, teniendo en cuenta que ellas superan en la actualidad el 60 por ciento del colectivo docente.

Mientras los alumnos con actitudes conflictivas se localizan mayoritariamente en la etapa de ESO, sobre todo en los cursos 1º y 2º, tienen entre 12 y 15 años y con mayor frecuencia de repeticiones de curso.

La mayoría de estos alumnos tienen problemas académicos de diversa índole y presentan dificultades de aprendizaje, de hecho dos de cada cuatro han repetido curso en la etapa de Primaria y tres de cada cinco han repetido o están repitiendo en la ESO; han sufrido con mayor frecuencia medidas disciplinarias en su centro, son alumnos muy conocidos por el profesorado y los equipos directivos.

La mayor parte de los que participan en enfrentamientos con profesores son también promotores de conflictos con sus propios compañeros, suelen carecer de hábitos de trabajo y de expectativas académicas y la relación de sus familias con el centro docente es difícil y poco frecuente.

ANPE exige de tal forma, en su decálogo para la mejora de la convivencia en los centros y defensa del profesorado, la Ley de Autoridad Pública del Docente con el fin de "proteger como bien jurídico el servicio público de la educación, garantizando la autoridad del profesor en el ámbito penal y la autoridad magistral vinculada con la presunción de veracidad en las decisiones académicas y en la resolución de conflictos".

La consideración de atentado a la autoridad en la calificación de la fiscalía, para los casos de agresiones a profesores cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones y hasta tanto no se disponga de dicha Ley. Asegurar la protección jurídica y la atención preferente a los docentes víctimas de acoso escolar, apoyar al profesorado mediante la intervención de equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos de Convivencia Escolar o dotar de departamentos de orientación.

Así como el amparo efectivo de la Consejería de Educación, movilizando todos sus recursos administrativos y jurídicos "para que actúen en los centros ahorrando tiempo, trámites y despachos externos al profesor agredido".

Además de "una reforma en profundidad de la Enseñanza Secundaria en sus etapas obligatoria y postobligatoria, la organización de los centros y papel profesorado, su selección y formación". Buscar una alternativa a la etapa de ESO, como el aumento de Aulas Ocupacionales; asesorar a los centros docentes en la creación de equipos de mediación y resolución de conflictos y mejorar la oferta de formación en temas de convivencia para toda la comunidad educativa.

Y es que concluye Hernández "la mayoría de las familias considera que el profesorado ha perdido autoridad", y el deterioro de esta figura, explicó, "constituye una amenaza grave y preocupante para nuestro sistema educativo".