Las 26 leyes que se anuncian

La oposición ya se adelantó el viernes a opinar que no hay tiempo suficiente para que Zapatero pueda aprobar las leyes que se propone, en el plazo de quince meses que restan de legislatura. Y a cualquiera se le ocurre que tramitar 26 leyes entre este diciembre y antes de las elecciones de mayo de 2016, resultaría un esfuerzo espectacular.  Pero recuerda este sábado El País que nada más reformar su Gobierno, el pasado 22 de octubre, Rodríguez Zapatero encargó a Pérez Rubalcaba, la puesta en marcha de una nueva agenda social, entendida como respuesta progresista a la salida a la crisis, que pusiera de manifiesto la recuperación del impulso social del nuevo Gabinete para el tramo final de la legislatura. Este es el encargo que se materializó con la aprobación por el Consejo de Ministros de un calendario de 26 leyes con las que el Gobierno busca recuperar la iniciativa tras el bloqueo de mayo.

La agenda es sumamente variada; desde la  ley Concursal (para recortar coste y plazos en los concursos de acreedores), pasando por la ley Integral de Igualdad de Trato (contra la discriminación por sexo, raza...), la ley de Nuevas Tecnologías en Justicia (que agilizará trámites con la Administración), ley General de Telecomunicaciones (que afectará al teléfono fijo, móvil e Internet), hasta la ley de Reforma de la Seguridad Social en Materia de Pensiones (sin fecha, y a la espera del dictamen del Pacto de Toledo), ley de Reforma de las Políticas Activas de Empleo (para ayudar a parados con dificultades para encontrar un empleo), ley de Modificación del Código Civil en materia de patria potestad, tutela y sucesiones en relación con la violencia de género y la violencia doméstica, ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (agilizará trámites complejos), ley de Regulación del Juego, ley de Residuos y Suelos Contaminados (delimitará competencias dispersas), ley de Servicios Profesionales (afectará fundamentalmente a las ingenierías), ley Reguladora de la Jurisdicción Social (traspasará a este orden competencias del Civil o del Contencioso Administrativo), ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano (sobre rehabilitaciones), ley de Negociación Colectiva (clave para aplicar la nueva reforma laboral), ley del Gobierno Local (adaptará a la situación actual una norma de 1995), ley sobre Cuidados Paliativos y Muerte Digna (para el derecho a morir sin dolor), ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación, ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias (protege a las mujeres que trabajan en el campo), ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables (esencial para reducir las emisiones y asegurar el abastecimiento), ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Consejos Territoriales (otorga a estos competencias del CGPJ), ley de Universalización de la Cobertura Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (beneficiará a unos 200.000 ciudadanos), ley por la que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general (afectará a empresas de todo tipo, como aseguradoras o de telefonía), ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (una norma singular como la que tiene el Museo del Prado), ley de Mecenazgo, ley sobre Utilización de las Lenguas Cooficiales ante los Órganos del Estado (afectará a instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo de Estado), o ley Reguladora del Fondo de Capitalización para los Trabajadores (el conocido como modelo austriaco, permitirá al trabajador llevar consigo los derechos acumulados toda su vida).

A cada uno de estos propósitos, el Gobierno les pone fecha de tramitación, de manera que será fácil, en cualquier momento, saber si se cumple o no la previsión. Una cosa es relevante: La mayoría de estas normas quieren contribuir a la creación de empleo, y ya estamos viendo que unas merecen más atenciones que otras. Por ejemplo, una de las más novedosas es la Ley sobre Cuidados Paliativos y Muerte Digna, que reforzará la regulación existente. Su objetivo es reconocer el derecho a fallecer sin dolor y con respeto a la intimidad del enfermo; validar su voluntad, expresada a través de instrumentos como el testamento vital; y regular el papel de la familia en caso de que no esté en condiciones de expresarse. La ley, prevista para marzo, determinará asimismo la extensión del sistema de cuidados paliativos, y de este modo dará seguridad al personal sanitario mediante la indicación de los derechos y obligaciones que les corresponden. No es una ley de eutanasia ni de inducción al suicidio, como aclaró Rubalcaba tras el Consejo de Ministros. La norma, defendida en el Consejo por la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, forma parte del paquete social con el que el Gobierno intenta retomar la iniciativa tras el bloqueo político que sufrió en mayo al aprobar el decreto de ajuste del déficit.

La nueva agenda acompañará al proceso de reformas con las que el Gobierno tratará de impulsar la recuperación, motivado por el respaldo del PNV y CC, que le garantiza agotar la legislatura. Además, se quiere consensuar políticamente al máximo, incluso con el PP. Otras leyes, como la de negociación colectiva, vienen a completar la reforma del mercado laboral. Y muchas de ellas están recogidas ya en la Ley de Economía Sostenible, tantas veces anunciada, y que, finalmente, según Rubalcaba, aprobará el Consejo de Ministros en diciembre y será ratificada definitivamente en febrero. El objetivo último del Gobierno es aumentar la eficiencia del conjunto de prestaciones sociales, proteger a los colectivos más afectados por la crisis y abrir nuevos espacios a los derechos y libertades ciudadanas.

De entre las leyes más novedosas, además de la mencionada sobre cuidados paliativos, destacan la Ley Integral de Igualdad de Trato; la modificación de artículos del Código Civil referentes a la violencia de género y doméstica; la Ley de Universalización de la Cobertura Sanitaria del Sistema Nacional de Salud; y la reguladora de los servicios de atención al cliente. La de igualdad de trato será aprobada el mes que viene por el Consejo de Ministros; y ya estaba prevista en el programa electoral del PSOE, que llevaba tiempo trabajando en ella. Trata de garantizar la equidad para erradicar cualquier forma de discriminación que tenga su origen en el nacimiento, origen social, sexo, religión, edad o discapacidad del individuo durante el conjunto de la vida personal, laboral, educativa o sanitaria.

En enero deberá llegar una ley de Modificación del Código Civil que incluirá medidas para proteger a los menores víctimas de violencia doméstica, tales como la retirada de la patria potestad al padre maltratador o la inclusión de los hijos en la valoración forense de los maltratos. La Universalización de la Cobertura Sanitaria del Sistema Nacional de Salud incorpora a todos los ciudadanos sin excepción al derecho de protección de salud, y deberá afectará a unas 200.000 personas ahora excluidas del mismo desde la aprobación en 1986 la Ley General de Sanidad. Y la Ley de Calidad de los Servicios de Atención al Cliente de Empresas que prestan Servicios Económicos de Interés General pretende una regulación más amplia de los servicios de atención al cliente en las grandes corporaciones prestadoras de servicios universalizados.

 No faltará quien diga que el Gobierno se dispone a afrontar la campaña electoral, y a terminar de cumplir sus compromisos de campaña, con muchas de estas leyes.