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Martínez Aguayo apunta que no tramitó el decreto de reordenación como ley "por el tiempo y por la lógica del decreto"

La Junta aprueba el nuevo decreto de reordenación del sector público

La Junta aprueba el nuevo decreto de reordenación del sector público

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Decreto-Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, en el que se incluyen las modificaciones acordadas con CC.OO-A y UGT-A en la Mesa General de Negociación del Empleado Público y que entrará en vigor de manera inmediata. La norma se tramitará como proyecto de Ley para propiciar su debate en el Parlamento, según ha informado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien ha instado al PP-A a que presente su alternativa, artículo por artículo, y no se limite a criticar y demandar la derogación del decreto.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno ha querido dejar claro que los objetivos de este nuevo decreto son los mismos que el primero que se aprobó: la modernización y reordenación del sector público, bajo un criterio de austeridad, lo que llevará a la supresión de determinadas empresas, entes instrumentales y centros directivos. Además, ha querido dejar claro que en Andalucía no se va a producir la privatización de servicios públicos, sino que se va a garantizar que nadie vaya a hacer "negocio a costa" de las necesidades de la sociedad.

   Asimismo, la consejera ha señalado que, en modo alguno, se puede "cuestionar" la representatividad y la legitimidad de CC.OO y UGT a la hora de alcanzar el acuerdo, por cuanto ambos sindicatos representan más del 70 por ciento de la Mesa general de la Función Pública. Gracias a las aportaciones de esos sindicatos, según ha recalcado, se amplían las garantías de los derechos de los empleados públicos.

   Preguntada sobre si ha habido rectificación de la Junta, Moreno se ha limitado a apuntar que la Junta ha tenido en todo momento flexibilidad y ha agregado que la palabra rectificación "si se interpreta en cuanto al fondo del decreto, es que no es verdad. Si se dice rectificación en el cauce o en la forma, estoy totalmente de acuerdo".

   De igual manera, ha manifestado que nadie con el decreto en la mano puede decir que cambia la relación laboral de ningún empleado público, ni de funcionarios ni de personal laboral de la administración general de la Junta o de los entes instrumentales. "No es cierto que nadie pase por la puerta de atrás ni que se hagan funcionarios sin oposiciones; ni siquiera que un laboral que hasta ahora no era laboral de la administración general vaya a ser laboral de la administración general de la Junta", según Moreno, quien ha precisado que el decreto recoge la necesidad de convocar pruebas, oposiciones o concursos en el marco de las ofertas de empleo público.

   "Nadie se va a hacer funcionario o empleado sin las correspondientes oposiciones o pruebas selectivas", según Moreno, quien ha añadido además que el paso a las agencias es voluntario por parte de los funcionarios y de los laborales públicos.  Ha recalcado además que a nadie se le cambia su convenio colectivo. "Que van a entrar personas por la puerta de atrás o que se vaya a hacer fijos a enchufados son cosas totalmente ajenas al decreto", ha sentenciado.

DEBATE EN EL PARLAMENTO

   Asimismo, ha indicado que al Gobierno andaluz no le preocupa que haya uno o dos sindicatos que estén en contra de un decreto, algo que no es la primera ni la última vez que se producirá, sino que muchos empleados públicos de buena fe, a estas alturas, tengan dudas y un malestar, lo que se está "traduciendo en un mal clima". "Eso lo queremos atajar abriendo un debate en el Parlamento andaluz, dedicándolo el tiempo y el espacio necesario para que haya un debate con luz y taquígrafos que aporte serenidad e información sobre el contenido del decreto", ha dicho.

   El Gobierno andaluz, según ha agregado Moreno, cree que ese debate en la Cámara va a ser esclarecedor y va a permitir la participación de los sindicatos para que puedan expresar su opinión, sin que ello signifique "cuestionar ni en un ápice los acuerdos, la legitimidad y la legalidad de los acuerdos alcanzados", si bien no ha cerrado la puerta a que la norma se pueda "enriquecer" en ese trámite. Para Moreno, los funcionarios se merecen un debate esclarecedor y se ha mostrado convencida de que esas personas van a encontrar "útil" este proceso y un debate sereno y riguroso, donde "podamos ver desde el artículo 1 al 51, punto por punto, y se compruebe la cantidad de mentiras que se están poniendo sobre la mesa en relación con el decreto y cuál es la intención de la Junta".

   De igual manera, según Moreno, el debate parlamentario va a permitir conocer las alternativas políticas de los demás. Tras indicar que no va a simplificar diciendo que los funcionarios que protestan son "todos del PP o están manipulados por el PP", Moreno ha dicho que lo que sí es verdad es que el Partido Popular "está manipulando y mintiendo sobre el decreto y, por lo tanto, alimentando ese malestar de la función pública y esa intoxicación que se ha producido en estos meses".

   Según la consejera de Presidencia, con el debate en el Parlamento, el PP se va a tener que subir a la tribuna a "dar la cara" y a defender su modelo. "No basta con criticar, sino que el Parlamento es el espacio de la alternativa y de los contrates", ha indicado Moreno, quien ha agregado que si el presidente del PP-A, Javier Arenas, no presenta su modelo es que lo "esconde y escamotea".

   Ha advertido al PP-A de que pedir la derogación del decreto a estas alturas de la película sin plantear una alternativa es una "enorme flaqueza política de un partido que aspira gobernar en Andalucía". Ha expresado que espera que al PP-A no se le vaya la fuerza en los correos anónimos y que tenga la "valentía de plantear" un modelo, artículo por artículo, porque la ciudadanía y los empleados públicos tienen derecho a conocer cuál es la alternativa y el modelo que plantea el Partido Popular.      

   "Este decreto nació inocuo para los trabajadores públicos y muy sólido en la defensa del modelo público de la Junta", ha sentenciado Moreno, quien ha recalcado que si el primer decreto ya "era bueno", las aportaciones de UGT y CC.OO, han hecho mejor este segundo. Asimismo, ha aprovechado para apuntar que CSIF no debió de abandonar la mesa general de la Función Pública, sino apostar por el diálogo hasta el final, aunque luego decidiera votar en contra.

CONTENIDO DEL NUEVO DECRETO

   El nuevo decreto precisa el régimen de integración del personal, tanto  funcionario como laboral, en las agencias públicas empresariales y de régimen especial. Respecto a los funcionarios, la norma subraya el carácter voluntario de su incorporación y garantiza que se les continuará aplicando el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta. En el caso de que se integren como personal laboral, quedarán en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Cuando reingresen al servicio activo, se les reconocerá el trabajo desarrollado en las agencias para los concursos de méritos y también a efectos de reconocimiento de trienios.

   De igual modo, el decreto también garantiza la voluntariedad de la integración del personal laboral de la Administración General en las agencias. Por su parte, el personal laboral de las entidades instrumentales que se extinguen o transforman se integrará en las nuevas agencias resultantes de estos procesos. Para adquirir, en su caso, la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General, estos trabajadores deberán participar en las pruebas selectivas de acceso libre que se convoquen.

   En cuanto a la Agencia Andaluza del Agua, extinguida como consecuencia del  decreto, sus empleados se integrarán en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, previa negociación de las condiciones en la Mesa General de la Función Pública.

PARA FEBRERO EN EL PARLAMENTO

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha estimado que el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta podría ir al Parlamento andaluz para su tramitación final como proyecto de ley en febrero, aunque espera que ello se produzca "cuanto antes mejor".

   En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la consejera ha admitido que en este decreto ley "hemos cometido el error al no haber tramitado el decreto como proyecto de ley desde el principio", algo que será subsanado con la aprobación de un nuevo decreto ley que sí será tramitado como ley.

   En ese sentido, explicó que no se tramitó desde el principio como proyecto de ley "por el tiempo y por la lógica del decreto", toda vez que este decreto ley "aplica una ley ya vigente desde 2007, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), por lo que no hacía nada extemporáneo".

   Así, explicó que este decreto ley "es bastante simple al ser una aplicación de la LAJA" y apuntó que se hizo "buscando la mayor eficiencia del gasto público, la mejor reordenación, eliminando duplicidades, una serie de cuestiones que tienen características de urgencia".

   Asimismo, dejó claro que en ese decreto "tenemos un objetivo claro, pues no se tocaba para nada a los empleados públicos ni sus derechos y se buscaba poder tener una segunda etapa de mejor dimensionamiento de las estructuras periféricas de la Junta, sobre todo en capitales de provincia de la Junta, pero no pensábamos que ese procedimiento fuera elemento de conflictividad laboral".

   Justificó además esa decisión de hacerlo inicialmente sin considerarlo proyecto de ley por el hecho de que "además se convocaron en aquel momento una huelga general y elecciones sindicales".

   No obstante, reiteró que finalmente se tramitará como proyecto de ley y precisó que este proyecto irá al Parlamento andaluz "cuando la Cámara fije el calendario", aunque estima que "teniendo en cuenta la tramitación de este tipo de normas, de carácter de urgencia, calculo que podría ir en torno al mes de febrero", aunque espera que "cuanto antes mejor".

   La consejera de Hacienda y Administración Pública reiteró que "no era necesario hacer este cambio", pero apuntó que lo hace "porque se ha producido alrededor una manipulación tan brutal que hace falta con luz y taquígrafos que todos los andaluces y en sede parlamentaria escuchen los argumentos fundamentales de la oposición, que deben en sede parlamentaria señalar donde está la privatización".

   "Es muy importante que el conjunto de ciudadanos escuche lo que opina cada grupo político, pues existe una manipulación muy fuerte del decreto, sobre todo realizada por el PP, y pedimos que digan en qué parte se dice que se va privatizar, quién consideran ellos que son 'enchufados', pedimos a los partidos que opinen y cómo harían ellos una reforma de la función pública", aseveró Martínez Aguayo.

   En ese sentido, la consejera reiteró que "no hay ninguna privatización ni alteración de derechos de ningún personal, ni los funcionarios dejan de ser funcionarios ni nadie obliga al personal laboral de la Junta a hacer nada, se mantienen sus condiciones y sus derechos".

   Martínez Aguayo expresó asimismo su "indignación" por el concepto de "enchufismo", toda vez que "se está echando sombra de dudas sobre los miles de funcionarios y empleados públicos que están trabajando, y hay personas contratadas por un procedimiento reglado, por lo que está fuera de lógica y fuera del sentido común hablar de enchufados".

PROTESTAS

   Sobre las protestas de los empleados públicos, Martínez Aguayo consideró que "muchas de esas personas que actúan de buena fe están manipuladas y otras no lo sé porque es difícil saber quién esta detrás de esas manifestaciones, me gustaría saber quien está detrás".

   En ese sentido, advirtió de que "si detrás de estos manifestantes hay sindicatos que tienen representación, las mesas están abiertas y algunos se han levantado y no han querido negociar".

   En ese sentido, consideró que "la gente se puede manifestar, es algo correcto y aceptable en democracia, pero no cabe violencia y algunas de esas personas son radicales y tienen comportamientos que no son adecuados en un Estado democrático".

   La consejera explicó que con este decreto ley "en un principio pretende reducir la estructura de mando en 180 puestos directivos y permitirá simplificar estructuras que están duplicadas, especialmente en las provincias, para un mejor funcionamiento y más eficiente del entramado público", tras lo que precisó que "paulatinamente, a medio o largo plazo, se pretende homogeneizar de ciertas condiciones de trabajo, como los horarios, se pretende una reducción de costes para un mejor servicio".

 

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