Pactos

En el marco de la conferencia industrial organizada por la UIA, la Presidenta de la Nación retomó la vieja idea, sugerida casi en los albores de su mandato, de un “Pacto Social” entre empresarios, sindicalistas y el Estado, para encauzar la “puja distributiva”.

La idea surge razonable, en medio de un escenario internacional que, de persistir, seguirá generando presiones internas sobre los precios de los alimentos y sobre la competitividad cambiaria de nuestra industria –por excedente de oferta de dólares- y apreciación cambiaria.
No hay que olvidar, sin embargo, que estos acuerdos son instrumentos tendientes a “coordinar expectativas”, en la medida que se trate de modificar las políticas de fondo que llevaron al desborde dichas expectativas.

Me explico. La economía argentina está hoy navegando a una tasa de inflación que ronda el 25% anual y, tan o más grave aún, las expectativas de inflación de la población, reflejadas en diversas encuestas privadas, superan esa cifra, llegando a más del 32-35% para el próximo año.

En la medida que los sindicalistas y empresarios se sienten a una mesa de negociaciones con ese “número” en la cabeza y en la medida que “pifiarla” en el número puede significar, a tasas tan elevadas de inflación, pérdidas o ganancias importantes para un lado, o para el otro, difícilmente el resultado de esa negociación pueda alejarse demasiado de las expectativas con las que se sentaron a la mesa. A menos que reciban, antes de la negociación, datos e información que puedan modificar su diagnóstico inicial.

¿Pero qué datos les podría aportar el gobierno para desalentar estas expectativas?. Básicamente, los correspondientes a las políticas que el gobierno maneja. Su política cambiaria, su política monetaria y su política fiscal.

Cualquiera sea el diagnóstico que se tenga respecto de las causas primarias de la inflación, las políticas enunciadas constituyen un insumo central para la formación de expectativas.

Consideremos, por ejemplo, la tesis del gobierno: “la inflación la causan los empresarios”.

La señal que le envía la política económica a estos “formadores de precios” es la siguiente: La política fiscal seguirá siendo expansiva como hasta ahora. No tendremos presupuesto en el 2011, continuaremos usando el presupuesto del 2010, más los recursos nuevos, ampliando y reasignando el gasto por decreto y con el Banco Central como “financiador de última instancia”.

La política monetaria, por su parte, según la Presidenta del Banco Central, seguirá convalidando cualquier tasa de inflación, porque la idea es que la cantidad de dinero “aceite” la economía para seguir creciendo y no genere ninguna señal negativa al respecto.

 Finalmente, la política cambiaria no seguirá a la inflación, pero tampoco implicará una revaluación nominal, de manera que continuaremos “importando” la inflación externa generada por la influencia de la debilidad del dólar sobre el precio de los commodities (si el mundo continúa igual).

En otras palabras, el tipo de cambio real seguirá cayendo, por inflación.

Con todos esos “datos”, ¿Alguien considera que los formadores de precios y los sindicalistas, van a “acordar” un incremento salarial de, digamos, 15%, y una moderación del mismo tenor en los precios?
Esto tomando la tesis oficial de que la responsabilidad de la suba de los precios es de los empresarios.

Una versión más ortodoxa diría. Si el gobierno va a expandir el gasto como en el 2010 o más, y el Banco Central va a emitir para financiarlo como en el 2010 o más. ¿Por qué la tasa de inflación podría ser inferior a la del 2010, si el mundo sigue “parecido” a lo vivido en los últimos meses?

Y allí está la clave de la cuestión, cualquiera sea la versión que se tenga respecto de por qué los precios suben en la Argentina, un pacto social que coordine expectativas, sólo es compatible con un cambio sustancial de la política fiscal, cambiaria y monetaria en línea con crear condiciones para una tasa de inflación decreciente.

En ese sentido, sólo las políticas de desaceleración “no creídas” son recesivas. Porque si sindicalistas y empresarios le creyeran al gobierno una eventual moderación en el gasto y en la expansión monetaria, entonces, se podría acordar, también, una moderación en la política de ingresos.
Solo los cambios de política inesperados o no creídos provocan “ajuste”.

En síntesis, un pacto social sin presupuesto y con política monetaria acomodaticia es como pretender adelgazar  comiendo y tomando como siempre.