Aprobada por unanimidad la Ley contra la Violencia de Género en CyL por "responsabilidad" social

Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad la Ley contra la Violencia de Género, un consenso que se alcanzó en la Cámara por "responsabilidad social" y desde la "unión y el esfuerzo" para erradicar esta "lacra" social que ya se ha cobrado cuatro víctimas en la Comunidad durante el presente año.

PP y PSOE destacaron el "trabajo conjunto" de ambos grupos en la tramitación de esta norma, que se concibe como instrumento efectivo para conseguir "eliminar" la violencia de género desde distintos ámbitos en los que se implica a toda la sociedad para "erradicar" este "gran problema social".

Durante el debate estuvieron presentes desde la tribuna de invitados del Parlamento Regional representantes de distintas asociaciones contra la violencia de género, así como concejales de varios consistorios castellanoleoneses, además, la mayoría de los procuradores y miembros de la Cámara llevaron su sus solapas un pin en el que se podía leer 'Stop violencia de género', informa ep.

La aprobación de esta Ley de "especial relevancia" para los grupos fue acompañada de una larga ovación por parte de los procuradores y consejeros presentes en la Cámara, quienes aplaudieron como tributo a todas las mujeres que sufren la violencia.

El consejero de Familia, César Antón, presentó las líneas básicas de la normativa a través de un discurso en el que agradeció la "sensibilidad" manifestada por todos los grupos, así destacó que la Ley incluye un "avanzado" concepto que define la violencia como "cualquier acto de maltrato hacia las mujeres en la vida pública y privada".

Entre sus garantías, reconoce legalmente el derecho de las víctimas a recibir una atención integral y extiende el concepto de beneficiarios a los menores y las personas mayores dependientes de la mujer agredida. Asimismo, define, ordena y clarifica la estructura básica de la Red de Asistencia a la mujer y establece prestaciones para el acceso de las víctimas al mundo laboral, la educación y la vivienda para su reintegración social.

En este sentido, Antón destacó que Ley contempla el problema desde un enfoque "multifuncional" y que, por tanto, profundiza en la prevención y perfecciona las medidas para paliar las causas de la violencia con el objetivo final de erradicarla por completo.

"Aún queda camino por recorrer", señaló Antón, quien reconoció que la normativa aborda una realidad "sangrante y compleja de resolver" y abre "nuevas vías e instrumentos" para ayudar a las afectadas.

"Sin memoria económica"

La procuradora socialista Natalia López-Molina defendió esta normativa a la que consideró "una de las más importantes" de esta legislatura, por lo que quiso lanzar a la sociedad un mensaje "claro y sin ambigüedades" de "consenso, acuerdo y trabajo conjunto".

Tras manifestar un "mensaje de unidad" contra la violencia machista y recordar a las mujeres víctimas que los políticos "están de su parte", recordó que la normativa que hubiera elaborado el PSOE hubiera sido "más ambiciosa", aunque argumentó su voto favorable en que "cualquier avance debe contar con el respaldo de los grupos".

Para López-Molina en la tramitación de la ley se ha conseguido pasar de una norma "insuficiente" de partida a un "aprobado" que, si se hubieran aceptado todas las enmiendas del PSOE hubiera sido, "sobresaliente".

Entre las mejoras logradas citó la inclusión en la normativa el acoso laboral por maternidad como una forma de violencia de género, la supervisión de los consejos escolares, la posibilidad de movilidad entre empleadas públicas de entidades locales y la creación de un expediente único.

Además de otros derechos subjetivos, la procuradora socialista se detuvo en la puesta en marcha desde la Ley el servicio de urgencia social que "garantiza" la atención inmediata, "cualquier día a cualquier hora" y el servicio de atención especializada, sobre el que le hubiera gustado un "compromiso mayor" y un punto sobre el que advirtió de que estarán "vigilantes" para que no se resuelva esta prestación con un "mero" cambio de nombre.

López-Molina incidió en la importancia de que se haya introducido en la Ley la necesidad de que el Reglamento que la desarrolle esté aprobada en un año, así como que las asociaciones de mujeres puedan participar en la planificación contra la violencia.

Para los socialistas, en materia de prevención se debería haber incluido un compromiso normativo con medidas concretas y no solo "intenciones" y lamentó que hoy se haya contemplado la creación de casas de igualdad o la figura del coordinador de caso.

Finalmente, López-Molina lanzó una crítica "clara y concisa" por la ausencia de una memoria económica a través de la que se pueda conocer cuanto y cuando se impulsan las medidas incluidas en la Ley.

Enmiendas que "no avanzan"

Por su parte, la procuradora 'popular' Ángeles Armisén inició su intervención con un recordatorio a todas las víctimas de violencia de género de Castilla y León y España y que alcanzan durante este año las 63 víctimas, tras lo que recordó que la aprobación de la Ley es un "importante paso" en la consecución del derecho a "vivir sin violencia".

"Esta Ley supone un importante avance en el reconocimiento del derecho de las víctimas", señaló Armisén, quien detalló que además se amplia la atención menores o mayores a cargo de la afectada y se han reconocido las características de Castilla y León con atención a víctimas en el medio rural.

La 'popular' destacó el impulso del catálogo de derechos para avanzar en la atención integral y la condición de la víctima como preferente en el acceso de ayudas y servicios.