¿Quién defiende a la democracia?

El general Henry Rangel Silva, hasta hace pocos días jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerza Armadas de Venezuela declaró suelto de huesos, que las fuerzas militares venezolanas se hallan casadas con el proyecto político del presidente Hugo Chávez, "es difícil que la oposición llegue al poder. Sería vender al país. Eso no lo va a aceptar la gente, no la va aceptar la FANB (la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), ni el pueblo", estas infortunadas declaraciones de Rangel no hacen sino ratificar que los mandos de las FF.AA. venezolanas se encuentran totalmente politizados y que responden  no a su pueblo sino a intereses extraños a unas fuerzas militares de un país democrático; de inmediato este general debió ser procesado porque no sólo que sus declaraciones son contrarias a lo que establece  la Constitución de su país, sino que hace una amenaza grosera a la democracia.

El artículo 328 de la Constitución venezolana, dice: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación. (…). En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. (…)”.

No puede ser más claro el mandato constitucional; los militares no pueden por ningún motivo intervenir políticamente y su existencia y misiones no están para “casarse” con ningún proyecto político de ningún gobierno en particular y se deben exclusivamente a su pueblo.

Las voces de censura a tan descabelladas declaraciones del general Rangel y del “premio” que le otorgó Chávez al ascenderlo a General en Jefe de las FF.AA. no se dejaron esperar. Las del secretario de la OEA, las mismas que recibieron por parte de Chávez una andanada de insultos y procacidades propias de su estilo torpe y chabacano. La del ex-Ministro de Defensa general Fernando Ochoa Antich, “Rangel Silva fue ascendido, en premio a lo que él llamó lealtad militar, pero que no es otra cosa que al servilismo a Hugo Chávez”. “Nos hace recordar la triste historia del gorilismo militar en América Latina y en Venezuela”, manifestó el diputado electo Omar Barboza;  de la misma manera, Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, manifestó que “el Ministerio público debe pronunciarse respecto a la conducta asumida por el general Henry Rangel Silva, puesto que sus declaraciones revisten delitos contemplados en el Código Penal, como rebelión militar”.

La democracia en el continente y en nuestro país requiere de firmes y sinceros defensores; a propósito ¿qué han dicho los gobiernos de Unasur, del Alba y sobre todo de nuestro país?