El Constitucional deja en manos del PP el futuro de Enrique López

Según un Auto hecho público este miércoles, el Constitucional ha inadmitido los recursos por la falta de legitimación de las asambleas autonómicas recurrentes. Sin embargo, no entra en la cuestión de fondo que se planteaba; es decir, si el veto de los socialistas del Senado a la candidatura de Enrique López por no reunir los requisitos legales era o no contraria a la Constitución.

Como se recordará, los servicios jurídicos del Senado, a instancias sobre todo del Grupo Socialista, señalaron que la candidatura de López, destinado en la Audiencia Nacional tras dejar de ser vocal-portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no era válida, ya que no reunía los 15 años de ejercicio efectivo de su profesión de magistrado, dado que los servicios jurídicos de la Cámara Alta se negaban a computarle los siete años en los que ejerció como portavoz del CGPJ.

López había sido propuesto como candidato para el TC por las comunidades gobernadas por el PP, y la decisión de los servicios jurídicos del Senado fue recurrida al Constitucional por las Comunidades de Madrid y La Rioja, recurso que ha sido desestimado este miércoles por el tribunal que preside María Emilia Casas.
Sin embargo, ahora ya no hay óbice para que López pueda ser candidato por el Congreso, ya que justo este 1 de diciembre cumple el periodo de 15 años de ejercicio práctico como magistrado, aún descontando los 8 años, 6 meses y 15 días que estuvo dedicado al Consejo del Poder Judicial. Pero la decisión dependerá de que el Partido Popular mantenga su nominación, que es algo que está llevando personalmente Federico Trillo.

Hay que recordar que en el TC hay actualmente 11 magistrados, dado que el duodécimo, Roberto García-Calvo, falleció en 2008 y su vacante no ha sido cubierta. De esos once, seis fueron promovidos o por el Gobierno de Zapatero o por el PSOE y cinco por el PP. Sin embargo, cuatro magistrados acabaron su mandato de nueve años en diciembre de 2007 (la presidenta, María Emilia Casas, promovida por el PSOE, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, promovidos por el PP), y tienen que ser renovados, junto a la vacante de García-Calvo, que corresponde al Congreso.

El Senado aprueba la renovación

Y justo el día en el que el Constitucional ha emitido el Auto señalado arriba, el Pleno del Senado ha aprobado definitivamente la renovación de los magistrados que le corresponden: los cuatro nombres finalmente consensuados han logrado superar la barrera de tres quintos de la Cámara que requerían para su nombramiento. "Gracias señorías, por fin lo hemos conseguido", ha celebrado el presidente, Javier Rojo, tras la votación, en la que se ha elegido a Francisco José Hernando, Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez como magistrados del Tribunal Constitucional que deben sustituir a otros cuatro que llevan con el mandato caducado ya tres años, entre los que se encuentra la presidenta, María Emilia Casas.

En la votación, los cuatro candidatos han logrado superar los 158 votos imprescindibles para su elección, aunque no todos ellos han recibido el mismo apoyo. Adela Azúa es la que más apoyos ha conseguido con 226 votos, seguida por Luis Ignacio Ortega con 223 y Francisco Pérez de los Cobos con 221. Por su parte, Francisco José Hernando ha sido el que menos apoyos ha recabado y se ha quedado con 204 votos. Además, ha habido 14 votos en blanco y 5 nulos.

Según informa Europa Press, los senadores de CiU han optado por el voto en blanco y no han marcado ninguno de los cuatro nombres escritos en la papeleta como un gesto de protesta por la ausencia de alguno de los candidatos propuestos por el Parlamento de Cataluña. Por su parte, ERC ha decidido escribir el nombre de los dos candidatos propuestos por el Parlamento catalán, por lo que su voto ha sido considerado nulo. Además, los senadores de ICV -Jordi Guillot y Joan Josep Nuet- han apoyado solamente a Adela Azúa y Luis Ignacio Ortega por entender que son los únicos candidatos que proceden de propuestas independientes de parlamentos autonómicos.