La crisis económica está haciendo estragos, no sólo en la economía, sino también en la política y la Administración Pública. La situación de algunas Administraciones Públicas en nuestro país es auténticamente preocupante al no poder hacer frente a pagos de obligaciones formalmente contraídas, lo que llega a comprometer sus funciones más elementales, que realmente hace resentirse a los servicios públicos al ciudadano.
Esta parece ser la situación de muchos Ayuntamientos y según parece, también de la Administración Regional de Murcia, con una agobiante necesidad crediticia por falta de liquidez inmediata, y con una deuda de más de 800 millones de euros, que viene a posicionarla en una comprometida situación para el desempeño normal de sus funciones.
Atrás quedaron declaraciones oficiales y oficiosas de triunfalismo, de conformismo y autosatisfacción con la "feliz gobernación", donde cualquier dato se aprovechaba para sacar buche. E incluso lo que es peor, ver la "paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el propio". Pues la situación política también lo propiciaba, con un gobierno central acorralado por la crisis internacional, asumiendo indecisamente una política impropia de la divisa social del socialismo e incluso de la socialdemocracia, y una oposición meramente testimonial.
Pero cuando ha habido ocasión de retratarse personalmente, la Comunidad Murciana regida por el partido popular, que tanto reproche de descontrol y excesivo gasto ha estado haciendo al gobierno socialista de ZP, resulta que no aparenta la necesaria solvencia económico-presupuestaria para que se le autorizara un nuevo endeudamiento para hacer frente a las innumerables deudas que tiene.
Así encomendado un trabajo de ajuste contable fino, para volver a valorar la situación de las cuentas de la Región de Murcia, por parte del Gobierno Regional, se siguen dando pasos vacilantes en recortes presupuestarios, si bien se avisa que no habrá subida de impuestos -¡faltaría más, en época preelectoral!-. Pero hasta ahora la "cuadratura del círculo" no se ha logrado, y todo el mundo sabe que o se reducen gastos, o se aumentan ingresos, no hay otras alternativas.
Precisamente por la reducción de gastos, hay casi unanimidad en apuntar a la venta de empresas públicas y entes tales como la de RTV Regional de Murcia, para aliviar las arcas públicas, quitándose de encima un servicio más que prescindible, o la subida del tramo autonómico del IRPF a las rentas altas, pero veremos cómo los intereses electoralistas del PP regional lo impiden.
Entre tanto, los días pasan, y como le ocurre al Gobierno de la Nación, se ha de hacer un rápido plan de ajuste de crisis para poder evitar sus consecuencias; alguna de las cuales se ha apuntado por parte del Secretario General de los socialistas murcianos, Pedro Saura, cuando ha insinuado la posibilidad de intervención de la Comunidad Autónoma en caso de no tomar medidas eficaces contra esta crisis.
Ya es fuerte que Saura sea el que avise para evitar males mayores, pues se le podría replicar aquello de "médico cúrate a ti mismo". Pero lo cierto es que si esa lamentable situación se diera, sería un gran fracaso de un proyecto político agotado, como es el proyecto que representa Valcárcel aunque gane elecciones, pues vence pero no convence, ya que no tiene ni la dinámica de la novedad, más allá de mantener el "statuo quo" político actual en la región. Lo que nos lleva a afirmar que todo proyecto político personal debe tener una caducidad de dos mandatos (8 años), más allá de lo cual, pierde vigencia y dinámica propia, siendo pernicioso para los intereses comunes de la sociedad, especialmente de la sociedad civil cuyos principales estamentos suelen ser ocupados por personas "afectas al régimen", instituyendo el "pensamiento único" y el cierre a cualquier crítica o contestación social.
Pero al propio tiempo, sería la constatación de un fracaso del régimen de las autonomías, en el que las Taifas han funcionado como auténticas pirañas, gastando sin responsabilidad, y lo que es peor, sin sentido de Estado.
Por consiguiente, más que intervención postularíamos por la devolución al Estado de las competencias más importantes, por comportar servicios públicos de primera necesidad, tales como la Sanidad, la Educación, y la Justicia. Ya que además eso aliviaría la incapacidad de administrar este complejo e insolidario sistema, armonizaría de nuevo la estructura del Estado, y supondría recuperar libertades y derechos fundamentales en tono de igualdad en todo el territorio del Estado.
EL MIRAVETE.
Si (
No(
