La duración de los poderes especiales que tendrá el presidente Hugo Chávez para legislar y los ámbitos en los que podrá dictar leyes preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que afirmó la ausencia de límites y controles ponen en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos en Venezuela.
En un comunicado de prensa, la instancia dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció que el Legislativo puede delegar en el Ejecutivo sus facultades para dictar normas que regulen la vida social. No obstante, advirtió: "La protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona".
La CIDH, al igual que la Relatoría para la Libertad de Expresión, manifestó "especial preocupación" porque la Asamblea Nacional vuelva a permitirle al Gobierno crear delitos y establecer sanciones. Asimismo criticó que se deje en manos del Jefe del Estado la regulación de la cooperación internacional y volvió pedir que no se impida a las organizaciones no gubernamentales no acceder a fondos desde el exterior.
Por último, advirtió que las propuestas de reforma de las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ponen en riesgo la libertad de expresión, al establecer sanciones por conductas ambiguas como "incitar o promover el odio", "fomentar zozobra en la ciudadanía" o "desconocer a las autoridades".
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