Ni en su peor pesadilla hubiera podido imaginar la ministra de cultura González-Sinde que la ley de Economía sostenible iba a causar tanto revuelo, y tanto gorjeo.
Dicha ley fue rechazada el pasado 21 de diciembre por la comisión de Economía del Congreso tras nos ser aprobadas las enmiendas que habilitaban el texto legal. Las opiniones a favor o en contra no han cesado, tanto en la red como en la prensa en papel, radio y televisión. Las encuestas realizadas en distintos medios de comunicación mostraban el desacuerdo mayoritario de los ciudadanos ante una ley anti descargas que pretende equiparar al ciudadano que se descarga contenido digital gratis con el más abyecto pirata e intentaba también alertar de la práctica de algunas páginas webs que se lucran ilegalmente gracias a los contenidos que sustraen a la industria de la música, del cine o de los libros.
La primera en ahogarse en las peligrosas aguas de la "piratería digital" ha sido la industria de la música y cinematográfica, y parece que la industria editorial no se salva tampoco del tsunami digital. Si algo ha quedado claro tras la vorágine de opiniones a favor o en contra de la ya archifamosa ley Sinde es que son necesarios nuevos modelos de negocio y que sin riesgo no va a ser posible la reconversión. Y la reconversión implica una política de costes más ajustada y unos precios atractivos para el lector sin que ello merme la calidad final. Juegos malabaristas, dirán algunos. No, tan sólo juegos necesarios y posibles para que el autor pueda seguir cobrando por su trabajo, para que el editor pueda seguir prescribiendo, y el lector, leyendo- amén de traductores, correctores, lectores...
De nada sirve seguir arremetiendo contra el pirata. Lo único que puede ayudar a que en la nueva e incipiente era digital -además de Google, Apple y Amazon-se mantenga y valore el papel del editor es haciendo autocrítica, y cambiando lo que sea necesario.
Si (
No(
