Los sindicatos CSIF, Safja y Ustea han pedido la derogación total del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, que y aseguran que es "inconstitucional" y han defendido la "independencia" de los sindicatos y de los funcionarios durante su comparecencia parlamentaria para analizar dicho decreto ley, donde han lamentado el "engorde de la administración paralela" y CSIF y Ustea ha demandado una nueva Ley de Función Pública andaluza.
Los tres sindicatos han remitido a los diversos grupos parlamentarios sus respectivos documentos con sus observaciones sobre dicho decreto ley.
La responsable de autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, ha insistido en la petición "expresa" de derogación "total" del decreto ley del sector público y "empezar de nuevo desde cero", algo en lo que "colaboraremos plenamente".
"Queremos que se escuche la voz de la calle, unánime, de todos los empleados públicos, queremos más puestos, más profesionalización, más garantías y menos entes instrumentales", ha agregado Martos, para la que el modelo de reordenación "pasa por la restauración de las funciones incautadas a los funcionarios durante 25 años", que, a su juicio, "debe plasmarse en una ley de función pública andaluza".
Martos, para la que "Andalucía parece un banco de pruebas a nivel nacional", ha lamentado que en el sector público andaluz ha habido "un entramado durante muchos años y que ahora se pretende reordenar mal y con una urgencia que no entendemos".
Considera que esta reforma "es lesiva y sobrepasa límites constitucionales y legales, se salta la Constitución a la torera y no se puede hacer porque es inconstitucional, ilegal y además perjudica derechos". Recordó que ya el sindicato aseveró que "esto iba a ser el mayor atentado contra el empleo público en la historia de este país".
"Con este decreto de reordenación se amplía y consolida una administración paralela gestada hace 25 años, donde empleados públicos viven con impotencia cómo se les destituye y despoja de sus funciones y supone una vuelta de tuerca más y enfada aún mas a los empleados públicos", ha apuntado la dirigente sindical, quien ha lamentado que "la olla a presión de la Administración de la Junta ha estallado".
Para Martos, "hay que poner a dieta la administración paralela que se ha venido engordando, y precisamente lo contrario es lo que se persigue con esta reordenación, donde se quiere ensanchar el personal laboral contratado por entes instrumentales" tras lo que ha enumerado los derechos lesionados "para el empleado público y para la ciudadanía".
Martos ha destacado que esta es "la primera vez que comparecemos en un foro oficial para opinar sobre el decreto ley", toda vez que "en agosto, se presentó sin previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas y posteriormente se ha llegado a un acuerdo sobre el mismo con UGT y CCOO, al que nosotros restamos legitimidad al cerrarse fuera de foros y órganos legalmente establecidos", de manera que la Junta "primero impone su decisión, después elige a agentes sociales con los que negociar y abre el debate parlamentario con decisiones ya tomadas.
La responsable de CSIF espera que "nos tengan en cuenta por el Parlamento y se baje el grado de crispación con los empleados públicos y nosotros somos los más interesados".
Martos ha abogado por "una reordenación del sector público, pero parando en seco, dando marcha atrás y plantear de otra forma el proceso de reordenación", por lo que ha pedido la derogación del decreto ley, aunque ha reconocido la "posición inflexible del Gobierno, a lo que se suma la mayoría parlamentaria del PSOE", por lo que se teme que existan "pocas modificaciones de esta reordenación o la aceptación de enmiendas menores".
En ese sentido, ha advertido de que su trabajo tras el debate "no habrá terminado y seguiremos luchando por los legítimos intereses, pues puede que tengáis el poder pero no la razón" y ha rechazado que existan "manipulaciones" sobre los funcionarios.
El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), José Manuel Mateo, quien defendió su representatividad en la función pública, aseguró que "desde hace años venimos denunciando la existencia y el aumento de la administración paralela" y ha asegurado que con este decreto ley "se ha incumplido la Constitución, se ha infringido el Estatuto de Autonomía de Andalucía y se conculcan y no se acatan derechos fundamentales".
En ese sentido, ha recordado la presentación por parte de Safja de diversos recursos judiciales, así como todo el proceso de movilizaciones emprendidas por los empleados públicos.
A su juicio, el decreto ley "supone un coladero en la función pública andaluza para consolidar al personal de las agencias y empresas públicas andaluzas" y ha expresado su preocupación por que "nos quiere quitar de nuestro trabajo y nuestras funciones y entregárselas a personas que no han concurrido a los concursos y oposiciones en condiciones de igualdad, mérito y capacidad".
"Este decreto ley daña y causa perjuicios a los empleados públicos y a los ciudadanos andaluces", ha agregado Mateo, quien ha lamentado que la Junta "ha actuado con premeditación" y ha reiterado su "defensa enérgica" de la derogación del decreto ley.
Mateo ha propuesto que las agencias que se creen en este decreto de reordenación sean agencias administrativas "y que deban ser atendidas por personal funcionario".
"Queremos más eficacia y no el derroche de la administración paralela", ha agregado este portavoz, quien lamenta que "al personal que no pertenece a la Administración de la Junta se le reconoce como empleado público, pero en virtud de qué mérito". Además se ha mostrado preocupado por "el futuro de los funcionarios y las convocatorias de empleo público".
Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, ha insistido en la necesidad de "derogación del decreto ley de reordenación del sector público empresarial, ya que "hay que partir de cero derogando el decreto y empezándolo con mayor participación, diálogo y negociación de todos los agentes implicados y no por imposición".
Tras poner de ejemplos de reestructuración los casos de Extremadura o Navarra, Luna también ha demandando una nueva Ley de Función Pública andaluza, ya que "la actual no responde a las necesidades de empleados públicos" y ha considerado necesario que en la reforma del sector público "se suprima la integración de los empleados de la Administración General en las agencias y que se trate exclusivamente de una reordenación del sector público empresarial, siguiendo modelos como el de Castilla-La Mancha".
Luna ha lamentado que esta operativa "se ha orquestado sin negociar ni consultar con los representantes sindicales, cuando se pretende una nueva organización de la administración instrumental de la Junta, algo que tiene trascendencia de primer orden y que ha sido fruto de la improvisación".
Considera que la "duplicidad" de funciones "no se resuelve con el decreto ley ni tampoco se refleja el principio de economía, y hay una falta de información sobre las motivaciones de esta reestructuración y sobre cómo queda el empleado público, lo cual ha generado confusión entre esos empleados y ciudadanos".
Ha lamentado que el criterio de voluntariedad "sí se contempla en el paso a agencias públicas empresariales, pero en las agencias especiales es obligatorio" y ha criticado que "si hay adelgazamiento de la relación de puestos de trabajo de la Administración General, se engordará la RPT de las agencias".
Asimismo, ha apuntado que "el personal laboral quedará aún más lesionado" y ha criticado que "se ha ignorado a la mesa sectorial y a la mesa de convenio", así como el hecho de que en el acuerdo entre Junta, CCOO y UGT "se blinda a esos dos sindicatos en materia de negociación colectiva, excluyendo a los demás".
UGT-A Y CCOO-A DEFIENDEN EL DECRETO
Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han defendido el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, "en aras del interés de los empleados públicos y también del interés general" y han presentado en su comparecencia parlamentaria en comisión un documento con contenidos pactados y propuestas conjuntas para que sean aceptadas como enmiendas por los grupos, con vistas a "mejorar el texto del decreto y ofrecer más garantías y mayor control de los derechos".
Tanto, el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, como el adjunto a la secretaría general de CCOO-A, Rafael Aljama, han aludido, en sus respectivas intervenciones en comisión para analizar el decreto ley de reordenación, a un documento conjunto de ambos sindicatos que incluye las propuestas de modificación al texto en su tramitación como proyecto de ley, para incorporarlas como posibles enmiendas, unas sugerencias que tienen como base el texto del acuerdo del 29 de octubre entre Junta, CCOO y UGT, ya que "hay elementos de ese acuerdo que no recoge el proyecto de ley o lo hace de forma inadecuada", así como otros asuntos de mejora de la redacción.
Para Rafael Aljama, estas propuestas "aseguran mecanismos de participación y control y resuelven temas específicos de colectivos muy puntuales".
Entre esas propuestas, ambas centrales demandan que el 1 de enero de 2013 "debe estar concluida la convergencia de las condiciones de trabajo del personal que presta sus servicios en las agencias" y piden que en caso contrario, "se establezcan para todo el personal las condiciones más beneficiosas de carácter colectivo que se estén aplicando entre los diferentes grupos".
Además, piden que se reconozca al personal laboral que se integre en una agencia pública empresarial, la experiencia previa cuando participe en convocatorias públicas, a efectos de retribuciones o reconocimiento de trienios.
Asimismo, demandan que al personal laboral de la Junta que se integre en una agencia de régimen especial le sea de aplicación de forma indefinida, el convenio colectivo de la Junta, mientras que al personal funcionario que se integre orgánicamente en una agencia de régimen especial o se adscriba funcionalmente a una agencia pública empresarial le sea de aplicación el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario de la Junta.
El vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, quien ha pedido se simplifique el nombre de la ley, ha puesto en valor la importancia de los servicios públicos y ha recordado que el sindicato viene rechazando "sistemáticamente" la privatización y externalización en los últimos 20 años y ha sido partidario de una reordenación del sector público andaluz "tanto en períodos de bonanza como de crisis".
Para Valverde "en este tiempo hemos tenido presente el servicio a lo público y el interés general" y ha defendido esta reordenación "que es la más pública y la menos lesiva para el interés general, pues supone el mantenimiento de la prestación de servicios públicos, y es la que mejor preserva derechos y condiciones de trabajo, pues las otras alternativas que se plantean pasan por la privatización o externalización privada y se deterioran las condiciones".
"FUIMOS LOS PRIMEROS EN IR CONTRA EL DECRETO"
Valverde considera que "el bien intencionado proceso de reordenación ha estado plagado de errores desde un principio, como hacer creer que se pretendía sólo un ahorro de gastos o apenas justificarlo para tramitarlo por el decreto ley", de manera que UGT y CCOO "fueron los primeros en rechazar el decreto ley de reordenación, y al rebufo de nuestra respuesta comenzaron a apuntarse otros sindicatos, partidos y plataformas contra la reordenación".
De esta forma, precisó que UGT y CCOO fueron "los primeros en convocar las movilizaciones contra este decreto ley", aunque se iniciaron negociaciones que culminaron en un acuerdo "donde se recogen las exigencias de los sindicatos y se nos da garantía de que no se perderán derechos ni verán mermadas sus condiciones".
No obstante, ha lamentado la actitud de otras formaciones "e incluso se han producido agresiones a trabajadores" y han recordado que "incluso se sumaron fuerzas políticas para sacar rédito político", tras lo que ha negado la mayor, ya que "al defender la reordenación no es defender el enchufismo sino evitar la externalización y la privatización".
Valverde ha lamentado el "ruido" desde las distintas organizaciones, plataformas y partidos, desde donde "se han estado vertiendo mentiras y medias verdades", por lo que le pidió a la Junta que "impulsara el decreto ley como proyecto de ley para debatir de forma abierta sobre la reordenación".
El representante de UGT-A ha apuntado además algunas de sus sugerencias para que, a modo de enmiendas, se introduzcan en el decreto ley, como es la referencia a la estructura de negociación colectiva en el sector público andaluz, que se recoja la obligación de negociar con los firmantes de ese acuerdo los estatutos, o que en la integración voluntaria del personal funcionario a la agencia pública empresarial se incorpore el tipo de contrato que se negocie con estos dos sindicatos.
Asimismo, reclama una redacción "más acertada y para no generar agravios comparativos con posteriores reordenaciones" y que se recoja las condiciones laborales para el personal laboral, que sí están recogidas para los funcionarios. En ese sentido, ha apuntado que el personal laboral de la Administración General "deberá pasar obligatoriamente a las agencias especiales, en concreto a la de empleo y agricultura, y verá sustituidas sus actuales condiciones por la que se establezcan en un futuro convenio, lo cual abre una indeterminación donde sus derechos pueden verse afectados".
"Estamos convencidos de que esta reordenación era y es necesaria, aunque con ella no se acaban los problemas de la Junta y se necesitará una siguiente fase o las que sean necesarias", ha considerado Valverde, para el que esta reordenación "tiene efectos colaterales que hay que resolver y hay cuestiones que mejorar".
PRECIPITACIÓN INICIAL
Por su parte, en su intervención, el representante de CCOO-A considera que esta comparecencia "se tenía que haber producido mucho antes de aprobar el decreto ley pero la prisa injustificada llevó a una precipitación para aprobar mediante decreto este documento, sin abordar negociación con agentes sociales, cuando no había ninguna justificación para esa prisa".
"Esa precipitación llevó a un cúmulo de errores pero además por otro lado ha existido una manipulación tendenciosa e interesada", ha agregado Aljama, quien lamentó que existieran "enfrentamientos y amenazas incluso entre trabajadores".
Aljama quiso dejar claro la defensa de lo público "desde el interés de sus trabajadores pero también desde el interés general" y puso en valor el acuerdo del 29 de octubre entre Junta y UGT y CCOO, "que hizo rectificar a la Junta y restituir derechos de trabajadores".
Tras recordar que CCOO se posicionó desde un inicio diciendo que el decreto "debía ser negociado", lamentó la "tremenda torpeza en su desprecio al diálogo, negándose a tramitarlo como proyecto de ley", lo que motivó una campaña movilizadora que culminó en septiembre, tras lo que se inició la negociación, que culmina con un acuerdo el 29 de octubre.
Aljama considera que "lo público está en peligro, tanto el empleo como la prestación de servicios" y ha mostrado su preocupación por que puedan abrirse caminos diferentes de reordenación como el de Murcia.
"Es necesario que se alcance el máximo consenso público en este modelo útil y que éste se blinde ante tentaciones de deteriorar lo público y la avalancha privatizadora de aprovechar la crisis para defender que lo privado es mejor que lo público", ha advertido.
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