El espejismo de la seguridad democrática

Durante su primera campaña electoral prometió un país en paz y sin secuestros, en el que las personas pudiesen circular libremente sin temor de convertirse en blanco de alguno de los grupos armados al margen de la ley: los de extrema izquierda como las guerrillas (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, Ejército de Liberación Nacional - ELN, o el Ejército Popular de Liberación- EPL), o los de extrema derecha como los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC).

Estas promesas calaron hondo en un país en el que la gente estaba cansada del las masacres, los secuestros y los asesinatos del “día a día”, pero además en un pueblo cuyo ánimo se encontraba frustrado por un reciente fracaso en los intentos de diálogo con las FARC. De esta forma, aquél que aseguró que si no se podía acabar con estos grupos por las buenas, entonces lo haría por las malas y con "mano dura", se convirtió en el héroe nacional.

A su llegada al poder se inició un proceso de desmovilización de todas las facciones y células de la organización paramilitar de las AUC. Las cifras oficiales indican que entre 2002 y 2003, cerca de treinta mil integrantes del grupo entregaron sus armas y se desmovilizaron e ingresaron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba tres pasos importantes: la confesión de los crímenes (verdad), la entrega de propiedades que serían repartidas entre las víctimas (reparación), y el pago de una pena establecida entre 5 y 8 años (justicia).

Sin embargo, desde el principio este “intento” de proceso de paz estuvo condenado al fracaso por los inmensos vacíos de la Ley de Justicia y Paz, cuyos procesos estuvieron caracterizados por  las cortas condenas nada equiparables a la atrocidad de los crímenes cometidos, la poca seriedad e intenciones de los paramilitares de confesar todos sus crímenes y de entregar sus propiedades, y la inmensa corrupción del sistema carcelario que permitió que los cabecillas de la AUC siguieran delinquiendo desde la cárcel. Este último hecho, sumado al historial de tráfico de drogas, justificó que el gobierno permitiera la extradición de muchos líderes, coartando a su vez los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas.

Pero además, hubo otro factor importante que determinó el fracaso del proceso de paz y lo convirtió más bien en un intento vulgar y descarado de desarmar a los paramilitares, y fue la completa ausencia de una política de reinserción realmente efectiva para los desmovilizados, quienes ante la falta de aceptación social y la casi imposible inserción en un mercado laboral ya de por sí difícil y saturado, decidieron rearmarse, y algunos crearon bandas delincuenciales independientes dedicadas al robo, el secuestro y la extorsión, mientras que otros organizaron ejércitos privados al servicio de los narcotraficantes, que gracias a los baños de sangre que se permitieron entre ellos y contra la población civil, se fortalecieron.

De otro lado, a pesar de que durante sus ocho años de Gobierno, Uribe prometió acabar con las FARC, y pese a hechos como a la muerte del creador y máximo líder del grupo armado, alias ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’; las importantes capturas como la de alias ‘Karina’ o ‘Simón Trinidad’; los efectivos golpes militares como la ‘Operación Fénix’, que acabó con la vida de alias ‘Raúl Reyes’, importante miembro del secretariado, o la ‘Operación Jaque’ que permitió la liberación de cuatro de los secuestrados más importantes para la guerrilla (tres contratistas estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt); e incluso los anuncios triunfalistas como el del general de la Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, quien hace menos de un año aseguró que de 26000 hombres en el 2002, las FARC ahora contaban con un máximo de 8000 integrantes, la verdad es que ni la guerrilla se ha acabado, ni parece que se va a acabar, menos con el reciente comunicado enviado por su nuevo líder alias ‘Alfonso Cano’ quien prometió incrementar los ataques en el 2011.

Conclusión, ocho años de uribismo después, ocho años de promesas y ocho años de ilusión, nos despiertan hoy, con la noticia de la muerte de dos estudiantes de Biología en la Universidad de los Andes (una de las más costosas del país), a una terrible realidad: la política de seguridad democrática no fue más que un espejismo, pues las regiones estratégicas para los laboratorios y corredores de droga, como el Cauca, Putumayo, Caquetá, y en general el pacífico, los llanos, la costa atlántica y la frontera con Venezuela, siguen siendo azotados por una violencia que jamás se ha detenido.

Pero ¿por qué despertamos hasta ahora? No es que Mateo Matamala de 26 años y su novia Margarita Gómez de 23, asesinados en San Bernardo del Viento población del departamento de Córdoba, sean las únicas víctimas de la guerra que desangra al país, sino que al pertenecer a familias adineradas y prestantes su muerte ha sido más mediatizada. Incluso el propio presidente, Juan Manuel Santos, ha ofrecido una recompensa de 500 millones de pesos a quien dé información sobre el paradero de alias ‘Gavilán’, a quien todas las hipótesis e investigaciones parecen señalar como responsable del doble crimen. Alias ‘Gavilán’ es un paramilitar reincidente jefe de una de las bandas criminales emergentes (BACRIM) conocida como ‘Los Urabeños’ que hace algún tiempo se encontraba al servicio del narcotraficante alias ‘Don Mario’.

Historias como las de Margarita y Tomás, quienes se encontraban de vacaciones y realizando trabajo de campo para  su tesis, y cuyo único error habría sido tomar fotos y videos en una zona de influencia de la banda criminal, se repiten por todo el país a diario, pero jamás son conocidas por la opinión pública. Un ejemplo claro de ello son los cientos de jóvenes del municipio no tan exclusivo de Soacha, que fueron asesinados a mansalva y presentados como guerrilleros dados de baja en combate por miembros de las Fuerzas Armadas.

Así mismo, existen cifras alarmantes de estudiantes, sindicalistas, campesinos y periodistas asesinados en el país. Tan solo en 2009, según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hubo 40 asesinatos de sindicales, mientras que entre junio de 2008 y diciembre de 2009, hubo 20 estudiantes asesinados. Entonces, ¿en dónde está la seguridad democrática?, el tema de seguridad en el país sigue siendo delicado y tienen que ocurrir lamentables hechos como los de los estudiantes de los Andes para que los medios denuncien y el país note la realidad que tan impunemente y a punta de bala desde los sectores ilegales e incluso los legales, se ha tratado de tapar.

Hoy, ocho años después de adormilamiento esperanzador y fanático, Colombia empieza a despertar con el dolor de una herida que no se ha cerrado y que quizás es más honda ahora que antes.