El caso de Murcia

Puesto que existen investigaciones policiales y judiciales en marcha, no vamos a entrar en las circunstancias concretas que rodearon a la brutal agresión, el pasado sábado, del consejero murciano de Cultura, Pedro Alberto Cruz, golpeado en el rostro con un puño americano por tres individuos que le dieron una paliza lamentable. No entramos en el hecho más que para condenarlo, y a la espera de que los responsables de esta salvajada sean llevados ante la Justicia. Sin embargo, queremos advertir  --sin alarmas apocalípticas y sin perder el sentido común--  que estas situaciones violentas se pueden reproducir en otras comunidades y en otras circunstancias puesto que, en el río revuelto del cabreo y del desencanto, siempre hacen su agosto las pirañas que no respetan la dignidad ni la integridad física de los demás. Interpretar estos sucesos en clave política, como si desde el socialismo se indujese a esos desalmados a cometer esas tropelías, nos parece tremendamente injusto. Socialistas, populares y todas las demás fuerzas políticas están obligadas a hacer un frente común para que el desgraciado caso de Murcia sea un hecho aislado, y le democracia y el respeto mutuo estén muy por encima de las acciones de esos sinvergüenzas.
   
Y del mismo modo que no se debe generalizar cargando los delitos contra la propiedad a la crisis económica o a la inmigración, tampoco la discrepancia política puede ser  (y estamos seguros de que no lo es) el caldo de cultivo de esos expertos en el terrorismo urbano, de esos aprendices de matones.
   
Pero al hilo de todo esto, y sin establecer más que una relación casual en el tiempo, no conviene perder de vista el enfado de los españoles con el actual sistema e derroche de las autonomías, algo que ha llevado a anunciar a Zapatero que “si no se cumplen los controles del gesto público, actuará el Gobierno”. “A buenas horas, mangas verdes”, habría que decirle al presidente del Gobierno, cuando los desmanes económicos, las embajadas en el extranjero, muchas televisiones autonómicas inútiles y miles de asesores y de altos cargos innecesarios ya han agotado las arcas del Estado. Pero esto se corrige con debate, con diálogo, con propuestas alternativas, con protesta civilizada en la calle, con el castigo democrático de la abstención o del voto en blanco en las urnas electorales.
   
Lo ocurrido en Murcia es una excepción, y esperemos que no sea contagiosa para otros mal nacidos. Una excepción de violencia que es, por tanto, todo lo contrario del sistema democrático que  los españoles nos hemos dado. Y un abrazo de aliento a todas las buenas gentes murcianas que sienten, en estos días, vergüenza ajena.



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