LA FRAGILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO DEL ESTADO AUTONÓMICO

Con la crisis económica se ha puesto de manifiesto la fragilidad e ineficacia del modelo económico que se ha venido empleando en la España de las Autonomías, pues han aparecido los vicios del sistema, sobre la base de una falta de responsabilidad en el gasto público de la mayoría de las Administraciones autonómicas, e incluso el pernicioso planteamiento del pago estatal de la "fiesta autonómica".

El Estado al negociar con cada Comunidad Autónoma el paquete de transferencias, ha venido negociando tradicionalmente la financiación del mismo. Por lo cual, nadie puede presentarse como engañado en un proceso transferencial en el que negoció y acabó dando su conformidad a la asunción de nuevas competencias públicas. Esa es una burda excusa impropia de gente responsable, que no debiera haber accedido nunca a puestos de gobierno. Otra cosa, es cómo se haya negociado, si se han manejado bien los datos, si se han hecho bien las cuentas, o si por el contrario, más allá de una ineptitud en esos términos, nos encontramos ante una acción política asumida con precipitación o incluso con el beneplácito político de quien favorece el proceso con otras miras políticas, más allá de lo que se trata en la propia mesa negociadora. En cuyo caso, tampoco ha lugar a queja alguna.

Por otra parte, el "Estado providente" llegó a asumir –con carácter general- el costo de mantenimiento de los servicios públicos a nivel del Estado, aunque hubieran sido transferidos y las Autonomías no pudieran asumir su pago, con el fin de asegurar la prestación de un mismo nivel de servicios públicos en todo el territorio nacional. Tal hecho, cargado de buenas intenciones, y de fundamentos de justicia e igualdad entre los nacionales de uno y otro lugar, sin embargo, abrió una "espita de discordia", por cuanto, sobre esa base, los gobiernos autonómicos no dejaron de clamar ante el gobierno central para que le pagara cuantiosas deudas, que en no pocos casos era producto de una mala gestión, o más propiamente de un desbordamiento de las iniciales previsiones, al socaire de que finalmente el Estado pagaría la factura. Hecho que devino en una ineficaz e injusta gestión pública general, ya que ni se premiaba a los austeros y buenos gestores, ni se gravaba la situación de los dilapidadores, sino que suponía una "dislocada carrera" de gasto público sin una auténtica responsabilidad.

Así la posición de los gobiernos autonómicos, en muchos casos, era la de esperar el pago del Estado que solucionara sus dificultades financieras, echándole la culpa de su situación económica a una "mala financiación", a la "deuda histórica", o a cualquier otra análoga consideración, sobre la base de su presunta irresponsabilidad, que como menores de edad clamaban por el pago de lo que decían se les debía. ¡Claro esa política tiene sus días contados…!, porque ni el Estado puede seguir cayendo en esa trampa, ni la economía da más de sí. Pues hay lo que hay, de forma que se hace necesario un rápido cambio del sistema económico del Estado de las Autonomías, por su propia inviabilidad en los términos comentados.

Entre tanto, otro recurso de los gobiernos autonómicos ha sido la de generar deuda pública, que en su conjunto alcanza ingentes cantidades, que pueden llevar a una comprometida situación económica al Estado, de no rectificarse a tiempo. Y en el caso, conocido de Castilla la Mancha y Murcia, se ha llegado a la prohibición del Estado a estas Autonomías de que sigan endeudándose, por falta de garantía de asunción de su deuda, dando lugar a los naturales conflictos de intereses en sus propios territorios, en función de la colisión de los intereses en liza. Pero también se está revelando que la situación de Cataluña no parece mejor, con una inmensa deuda pública, que hace decir al nuevo ejecutivo autonómico de CIU que el tripartito les ha dejado las "arcas vacías", poniéndole en una situación parecida a la de Castilla la Mancha y Murcia, donde el colapso financiero público amenaza con producirse si no se toman urgentes medidas ya.

Peculiar resulta el caso de Murcia, por cuanto el gobierno regional no ha visto apenas "huecos de recorte de gastos públicos", más allá de las impopulares medidas de rebaja de sueldos a empleados públicos, entre tanto tiene casi un centenar de Entes, Empresas Públicas, de las cuales sólo se plantea reducir un tercio en el curso del año 2011, así como una burocracia exagerada, con sobredimensionamiento de altos cargos, sobre los que tampoco se ha dicho que fuera a haber recorte alguno. Si bien, como quiera que los recortes salariales de los empleados públicos están llevando unas de las mayores movilizaciones de la historia de la autonomía murciana contra el gobierno regional, se prevé que acabe cediéndose en gran parte de ello, especialmente por la proximidad de la cita electoral de mayo. Por cuyo motivo, se está acudiendo a una fórmula de endeudamiento mediante un "crédito puente" con diversas entidades financieras, para conseguir ganar tiempo, y que el gobierno central permita el pretendido endeudamiento final de la Comunidad. Medidas todas ellas, que redundan en lo mismo: deuda sobre deuda, con el intento de bajar los salarios a las modestas clases funcionariales, que ha levantado la espectacular contestación en la calle que tiene el gobierno de Valcárcel, que naturalmente puede estar comprometiendo su crédito electoral por no abordar con rigor y seriedad el problema en su auténtica raíz, lo que le presenta como una alternativa política que adolece de cierto grado de agotamiento, y que con el tiempo ha generado situaciones de "statu quo" en determinados grupos de interés, que parece colisionar con el interés general, lo que apunta por la conveniencia de un relevo profundo de personas e ideas en el ejecutivo regional, aunque sea del mismo color político, ya que la oposición no acaba de consolidar su proyecto.

PEPE ORTEGA