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Cumbre tormentosa

Cumbre tormentosa

Si finalmente se lleva a cabo el encuentro convocado por el Gobierno con los dirigentes de organizaciones sociales, previsto en principio para el próximo 10 de febrero, se convertirá en una fecha verdaderamente memorable del calendario social y político del país.

El punto más complicado e importante de esa cumbre sería un pronunciamiento de las organizaciones sobre la manera de encarar los problemas que llevaron a dictar el Decreto 748.

A los dirigentes invitados les toca encarar una de las decisiones más complicadas de los últimos tiempos porque, de acuerdo con la presión discursiva que ejercen los gobernantes desde el momento en que tuvieron que abrogar forzosa y apresuradamente aquella medida, ellos “ya habrían cumplido su responsabilidad” y ahora les tocaría a los dirigentes sociales asumir la suya; o sea, responsabilizarse de la determinación que el Gobierno no pudo sustentar.

Por otro lado, sin voceros y sin acceso a grupos mediáticos, las bases de sus organizaciones han dejado muy claro que no comparten la idea gubernamental sobre de que el costo de los problemas económicos tenga que ser asumido por el pueblo empobrecido.

Ese día, o cualquier otro, en que los dirigentes ya no puedan postergar una definición, se encontrarán que a más de la responsabilidad política, ideológica y moral sobre la mejor manera de atacar la caída de la producción y la elevación del costo de los combustibles, deberán resolver problemas prácticos muy ásperos. El más visible es que si ceden ante su aliado oficial, corren un enorme riesgo de quedar confrontados y hasta desconocidos por sus representados, quienes en esas circunstancias pueden volver a estructurar uno o varios movimientos sociales si se sienten abandonados por los dirigentes de sus organizaciones.

Pero, si por esas razones u otras parecidas, hay dirigentes que resistan la presión oficial, correrán el riesgo de ser tachados de traidores por los personeros del poder, perdiendo todas las ventajas y perspectivas que otorga un buen entendimiento con él.

Una desventaja adicional con la que deberán lidiar radica en que la información utilizada para justificar el alza de precios de los combustibles es completamente confusa y casi imposible de comprobar. Pongo como ejemplo que la cifra de 360 millones de dólares calculada oficialmente como el costo del subsidio para el año 2010, carece de consistencia, como puede verificarse si se resta el valor de las ventas de combustibles del costo de importación de esos hidrocarburos, según las fuentes oficiales disponibles.

No existe mayor duda respecto de que nuestra producción ha descendido, mientras la demanda aumenta sostenidamente, pero de eso no se desprende automáticamente que la situación pueda resolverse elevando el precio de cada litro de gasolina por encima del que se cobra en Nueva York, mientras los ingresos populares mantienen la escala boliviana.

Resulta de lo anterior que las decisiones de la “cumbre” están amenazadas por la falta de claridad y confiabilidad de la información y por el sectarismo de la convocatoria que excluye a importantes actores y sujetos económicos, políticos y sociales.

Si la expectativa gubernamental es que podrá mantener en la inminente cumbre, sin variaciones, las prácticas de cooptación y manipulación que estuvo consolidando como forma rutinaria de actuar, volverá a equivocarse tan profunda y peligrosamente como lo hizo los últimos días de 2010, cuando supuso que estaba preparado para la cosecha de huracanes.

Profesor universitario

Róger Cortés Hurtado

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