El debate sobre Sortu

No hay duda de que las nuevas siglas y denominación de Batasuna, Sortu, centran buena parte de la actualidad política. Ahora mismo, parece ser la única sigla y opción política sobre la que se centra la campaña electoral. O cuando menos, la precampaña: Porque se trata justamente de eso, de concluir en si será contendiente activa o sólo una aspirante frustrada en esas elecciones de dentro de poco más de dos meses -diez semanas, aproximadamente. De momento, vemos cómo se definen los respectivos partidos y dirigentes políticos, con notable variedad de opiniones incluso entre ellos.

Pero no sólo el debate alcanza a los partidos y dirigentes políticos, sino también a las instituciones que deben decidir sobre la oportunidad o inconveniencia de que Sortu sea una opción política más de entre las que decidirán los ciudadanos vascos, y acaso también los navarros. Por ejemplo, “fuentes de la Fiscalía” ya han aportado su opinión: El nuevo partido de la izquierda abertzale, dice, debe repudiar la violencia de ETA, "tanto anterior como posterior", para acreditar, "no sólo formalmente, sino materialmente", su completa desvinculación de la banda terrorista y poder concurrir a las elecciones. Fuentes de la Fiscalía han recordado que hay una jurisprudencia firme -constituida por las sentencias del Tribunal Supremo, el Constitucional y el de Estrasburgo- que dice que hay una "conexión íntima" entre las formaciones políticas ilegalizadas y ETA, por lo que sólo "una desvinculación absoluta" de la banda puede servir de contraindicio. Esta exigencia es mayor si cabe cuando "quienes han formado parte de esos partidos políticos ilegalizados", como el ex dirigente de Batasuna Rufi Etxeberria, "son los que comparecen públicamente para anunciar la presentación de un nuevo partido". "Evidentemente, hay datos que mantienen esa ligazón" entre ETA y la nueva formación política, añaden las fuentes, que insisten en que para acreditar su desvinculación de la banda, Sortu, además de defender sus ideas por la vía pacífica y democrática, debería repudiar "toda clase de violencia y terrorismo, tanto anterior, como presente o posterior".

En ese punto de la condena a la actuación en el pasado, es probable que se centre buena parte de la controversia y las exigencias de opinión más radicales. La opinión de la Fiscalía es trascendente por cuanto está a la espera de que el Ministerio del Interior le remita la documentación aportada por Sortu para su inscripción en el registro de partidos. El Ministerio del Interior cuenta con un plazo de 20 días hábiles -excluidos, por tanto, domingos y festivos- para decidir si inscribe el partido o, como ya avanzó el pasado lunes el titular de este departamento, Alfredo Pérez Rubalcaba, remite la documentación a la Fiscalía, como parece más probable. En ese momento se iniciará un nuevo plazo de 20 días hábiles para que el Ministerio Público estudie el caso y ordene la inscripción en el registro de partidos de Sortu o, por el contrario, inste al Tribunal Supremo a que la prohíba por apreciar que es un intento de continuidad de la ilegalizada Batasuna. En cuanto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado que todo el debate sobre la "pretendida legalidad" de Sortu, sea "lo más objetivo posible dentro del Estado de Derecho".

Zapatero ha insistido en que se verá con el tiempo si el paso dado por la nueva formación de la izquierda abertzale es importante o no, para el fin de la violencia terrorista en el País Vasco. En todo caso, ha pedido ser "respetuoso" con la decisión del Tribunal Supremo: "Confiemos en el Tribunal Supremo, en su contraste sobre la pretendida legalidad". Es decir, da por hecho que la Fiscalía remitirá la documentación al Supremo y que será esta institución la que, finalmente, ya pegada a las fechas electorales, deberá decidir. Y mientras tanto, cada cual da su opinión, algunas controvertidas en el seno de la misma formación como ya se comprueba en el PP, con un curioso “doble discurso”: Mientras Mato llega a amenazar con la ruptura del entendimiento Gobierno-PP en materia antiterrorista si se procede a la legalización, en el PP vasco, y por boca de Oyarzábal (segundo de Basagoiti) se manifestó respetuoso con lo que decidan los tribunales, y solicitó generosidad con quienes se integren en la sociedad civil vasca.