Crean una Comisión de Seguimiento para recuperar las pérdidas por los recortes

El Gobierno regional y los seis sindicatos profesionales de Educación, Sanidad y de la Administración General han acordado este lunes la creación de una Comisión de Seguimiento cuyo propósito no es otro que el de "establecer los mecanismos para recuperar en estos meses y los venideros lo perdido" como consecuencia de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

　　 Así lo han anunciado los representantes de las centrales sindicales firmantes tras el encuentro que han mantenido con el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, y al que también han acudido los consejeros de Presidencia y Administraciones Públicas, Educación Formación y Empleo y Sanidad, María Pedro Reverte, Constantino Sotoca y María Ángeles Palacios, respectivamente, que han estado presentes en las negociaciones.

　　 Con posterioridad a esta reunión, CSI-Csif, Satse, CESM, ANPE, SIDI y SAE han firmado el documento por el que dicha Comisión, que se encargará de analizar la situación económica y cómo se va desarrollando, ha quedado constituida formalmente, según ha adelantado Reverte.

　　 En esta misma línea, ha anunciado que la modificación de la Ley de recortes se hará a través de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional que se pretende que entre en vigor el 1 de marzo, puesto que con ello "se acabaría la situación desventajosa para los empleados públicos".

　　 Precisamente, a estos más de 55.000 empleados públicos, la consejera Reverte le ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que tras el proceso de negociación "verán mejoradas sensiblemente las condiciones de trabajo".

　　 Y es que, ha subrayado, una vez que la situación económica vaya mejorando "se irán recuperando todas aquellas medidas que coyunturalmente quedaban suspendidas".

"UNA DEROGACIÓN A PLAZO ENTERA DE LA LEY"

　　 Sobre este carácter coyuntural, los sindicatos firmantes han coincidido en señalar el carácter de caducidad de la ley de recortes, fijado para el 31 de diciembre. Así, el presidente autonómico de CSI-Csif, Ventura Martínez, ha resaltado que lo importante del acuerdo radica en que se ha conseguido poner fecha de caducidad a los recortes de la Comunidad, "y todo volverá a ser como antes".

　　 Es por ello por lo que ha dejado claro que su objetivo, el de derogar la ley, se ha conseguido al entender que "es una derogación a plazo entera" de la misma. "Hoy es el punto y seguido de una larga, dura y complicada negociación con el Gobierno regional de una ley altamente lesiva", ha indicado.

　　 El documento final acordado con el Gobierno regional pone de manifiesto, según Martínez, que el objetivo prioritario es "mantener el empleo público", de ahí que haya insistido, como el resto de centrales sindicales, que "no se cesará a ningún interino ni a ningún empleado público por motivo de esta ley".

　　 Por tanto, el nivel de satisfacción global de los seis sindicatos es el de satisfacción, que se extiende al CESM, donde su presidente, Francisco Miralles, ha incidido en que "siempre es más difícil construir que destruir y lo que Murcia necesita es la construcción".

　　 Estos sindicatos consideran, en palabras de Ventura Martínez, que "se ha conseguido entre el 80 y el 90 por ciento de los objetivos que al principio se planteaban, y la promesa de que se recuperará todo lo que se nos quita este año cuando las condiciones económicas así lo establezcan".

　　 Aunque todas las centrales sindicales firmantes han advertido de la "dureza" de esta ley para el empleado público, han recordado los recortes del Gobierno de la nación, que aún "siguen en vigor", por lo que hay "una diferencia" entre el Ejecutivo murciano y el de la nación, ha argumentado desde Satse su secretario autonómico, José Antonio Blaya.

　　 Asimismo, y desde el sector que encabeza ha asegurado que "no se perderán puestos de trabajo, puesto que la sanidad tiene que estar abierta 24 horas al día y hasta ahora, con esta ley se estaban perdiendo 250 personas en un mes que han ido a la calle y ahora habrá que recuperarlos".

　　 Desde ANPE, su presidente, Clemente Hernández, ha destacado que "se ha llegado al mejor momento que se podía esperar, porque es la primera vez donde hay una ley que nace ya con fecha de caducidad".

CRITICAN LA "PATADA" QUE SE LES HA DADO

　　 Con respecto a la actitud que mantienen los sindicatos que no se han adherido a este acuerdo --CCOO, UGT y Sterm--, Hernández ha reprobado la "intoxicación" de exagerar las consecuencias, por lo que se ha unido a ese mensaje de tranquilidad de la consejera Reverte a los empleados públicos murcianos, a quienes le ha solicitado que se lean el documento y presten atención a que tiene fecha de caducidad.

　　 "Que calibren los hechos, porque si se sigue el camino de los otros tres sindicatos que no han firmado habrá ley para todo este año, 2012 y 2013", ha enfatizado el presidente de ANPE, que representa al 40 por ciento del profesorado, tras expresar su preocupación porque CCOO, UGT y Sterm "no hayan cumplido" con el acuerdo que se estableció al inicio de las negociaciones de que irían todos juntos.

　　 De forma, ha continuado, que "a última hora y por diversas razones se salen del documento e intentan darnos una patada al decir que no vale nuestra representación, insultando al profesorado que no está en esa mesa general".

　　 En su opinión, "no se va a hacer nada ilegítimo con la negociación y nos sentimos respaldados"; de ahí que haya apuntado que "a partir de ahora se pondrá en cuestión en un futuro las actuaciones que nos puedan pedir de forma coordinada esos sindicatos que ahora nos ponen en duda".

　　 El portavoz de SIDI, Luis Prieto, ha agradecido la voluntad negociadora de las centrales sindicales y su capacidad de "ceder y no someter" que han tenido, al tiempo que ha advertido, en relación a los sindicatos que no se han sumado al acuerdo, que "decir todo o nada no es negociar".

　　 Por ello, todos los sindicatos han vuelto a invitar a CCOO, UGT y Sterm a que se sumen a este acuerdo, porque de no ser así "las condiciones laborales de los funcionarios serían mucho peores".

VALCÁRCEL AGRADECE EL ACUERDO CON LOS SINDICATOS

　 El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha resaltado este lunes "el compromiso que han demostrado con la Región" los sindicatos profesionales de Educación, Sanidad y de la Administración General que han suscrito con el Gobierno regional el acuerdo para la reforma de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

　　 Durante el encuentro que han mantenido en el Palacio de San Esteban, Valcárcel ha expresado a los responsables de los sindicatos CSI-Csif, SATSE, CESM, ANPE y SIDI el reconocimiento del Ejecutivo "por haber comprendido la delicada situación que atravesamos, y que precisa del compromiso de todos".

　　 Así, Valcárcel ha destacado que estas organizaciones sindicales han entendido que los cambios introducidos en la Ley de Medidas Extraordinarias, aprobada por la Asamblea Regional el pasado 23 de diciembre, "mejoran sustancialmente el texto original".

　　 Por contra, ha lamentado que el resto de sindicatos presentes en la negociación "no se hayan adherido finalmente al acuerdo", cerrado la pasada semana y que fija la caducidad de las medidas para el 31 de diciembre de 2011.

　　 Las mejoras que contempla la Ley son las de limitar su aplicación al ejercicio 2011, así como los aspectos relativos a la jornada laboral, que se fija en 36,5 horas semanales, en lugar de las 37,5 previstas inicialmente, así como el abono del cien por cien de las retribuciones en caso de baja por enfermedad.

　　 En cuanto a los complementos retributivos, de los 75 euros brutos mensuales que se reducían al personal docente, sólo se descontarán 37,5 euros; al personal sanitario sólo se le reducirá el 5 por ciento del importe de las guardias y la turnicidad, y no el 10 por ciento que estaba previsto.

　　 Además, el personal de Administración y Servicios cobrará el importe del proceso de homologación retributiva que venía percibiendo desde la nómina de diciembre de 2010.

　　 En el acuerdo también se contemplan otros aspectos fundamentales, tales como que la redistribución de efectivos se negociará con las organizaciones sindicales, así como la posibilidad de convocar oferta de empleo en los tres sectores: Sanidad, Educación y Administración y Servicios, dentro de los "estrechos márgenes" que deja la legislación aprobada por el Gobierno central, y que la limita a una tasa de reposición del 10 por ciento en Sanidad y Personal de Administración y Servicios, y al 30 por ciento en el caso de Educación.

　　 También se ha pactado mantener un fondo para las ayudas del Plan de Acción Social con un importe superior al 50 por ciento establecido para el pasado año, así como que los días de permisos y licencias vuelvan a contarse como días hábiles y no como naturales, y que las horas de formación computen como parte de la jornada laboral si es formación obligatoria o requerida por la Administración.