Temas no conflictivos…

Dicen los diarios que las autoridades de los bloques políticos en la Cámara de Diputados habrían acordado reunir la Cámara periódicamente durante este año sólo para tratar “temas no conflictivos”.

La medida estaría fundada en la necesidad de sostener la imagen de un parlamento en funcionamiento, a fin de que el año electoral no traiga acarreado, como daño colateral, un mayor deterioro de la valoración pública del Congreso.

Quien escribe estas líneas ha sido legislador durante muchos años y comprende que en determinadas situaciones –normalmente, en la última semana del período de sesiones de un año parlamentario- puede ser necesario realizar acuerdos de esta naturaleza.

Es explicable: sii la sesión se alarga en debates extensos por temas que no generan suficiente acuerdo, se agote el tiempo de las sesiones ordinarias y no se puedan tratar temas que han merecido el apoyo suficiente en las comisiones, cuentan con dictamen y corren el riesgo de perder estado parlamentario a pesar del fuerte apoyo con que cuentan.

Son acuerdos que posibilitan la mayor eficacia del Congreso, naturalmente excepcionales –en cuanto implican alterar la reglamentación de las Cámaras y los derechos de los legisladores, que también son sus obligaciones.

Pero esto... es otra cosa. Que el Congreso decida que durante todo un año parlamentario dejará de tratar temas conflictivos lo coloca al borde mismo de su inutilidad como cuerpo del funcionamiento democrático.

El parlamento es –se ha dicho muchas veces- la “caja de resonancia” del debate nacional. Sus discusiones permiten cotejar argumentos, presentar intereses sectoriales en la búsqueda de un espacio en la agenda general, controlar al Poder Ejecutivo cotidianamente, exponer con toda la crudeza que sea necesaria la situación de sectores de la sociedad con problemas que deben resolverse, e incluso polemizar sobre sus soluciones.

Debe, necesariamente, abarcar el conflicto. El Congreso debe discutir fuertemente, para que la gente no se pelee en las calles. Es su función: contener el debate democrático, hacerlo productivo, provocar en los ciudadanos la sensación de que no están desamparados sino que hay alguien –algún diputado, algún senador, algún bloque político- que presenta su situación a la consideración de los demás. Si ello no ocurre, no hay argumento para pedirle a los ciudadanos que no lleven su reclamo a la acción directa.

Ello no significa negar el consenso. Desde esta columna hemos expresado repetidas veces nuestra adhesión al diálogo franco en la búsqueda de consensos estratégicos. Por supuesto que nos faltan y que los necesitamos urgentemente. Esos consensos, sin embargo, deben apoyarse en la explicitación de los intereses reales en conflicto, no en su silenciamiento.

Pagarle lo que les deben a los jubilados ¿es conflictivo?; Las arbitrariedades de la Secretaría de Comercio ¿son conflictivas?; los episodios de pasmosa corrupción en diferentes niveles de la administración ¿son conflictivos?; la inflación creciente que desgrana día a día el salario y la marcha de la economía ¿es conflictiva?; la instalación paulatina e inexorable de las redes de narcotráfico con complacencia -o complicidad- oficial ¿es conflictiva?; la inseguridad que provoca ya muertes en números cercanos a los dos dígitos por día ¿es conflictiva? ¿Se pueden lograr acuerdos estratégicos sin tratar estos temas? ¿Cuál sería su valor para los ciudadanos si así fuera?

No en vano las interrupciones de los períodos democráticos cierran el Congreso, aunque dejen funcionando los otros dos poderes del Estado. Un acuerdo de las características del anunciado es muy cercano al propio cierre del parlamento.

Sería de desear una reflexión, de todos los legisladores pero fundamentalmente de quienes no participan del espacio oficialista. Los argentinos no merecemos el vaciamiento democrático que implica un pacto de estas características.