Esta decisión El coordinador regional de IU, Cayo Lara, señaló que este recurso apoya la tésis de esta formación sobre la "usura legal" de votos de Izquierda Unida que tanto PSOE como PP hacen en el Parlamento regional, único de España donde sólo caben dos partidos.
Lara recordó cómo mientras cada escaño del PSOE representa a 22.032 votos y cada uno del PP a 22.253 votos, IU ha logrado cerca de 38.000 votos y no tiene representación ninguna en las Cortes, que se han convertido en "las menos democráticas de España" y han dejado a la formación sin posibilidades de presentar iniciativas.
En este sentido, el escrito de la Fiscalía entiende, según explicó, que la modificación de ese artículo de la Ley Electoral, acordada entre PP y PSOE, por la que se suprimió el procedimiento de asignación de número de escaños por provincias, podría ser contraria a la proporcionalidad establecida en la Constitución, debido a la situación demográfica actual.
El coordinador regional de IU opinó que si el TSJCM hace caso al Fiscal, que da la impresión de que "lo tiene muy claro", y remite ese escrito -fechado el 30 de mayo- al Tribunal Constitucional "se tardará tiempo en que se resuelva" la cuestión, aunque finalmente habrá una solución que, para Izquierda Unida, "bienvenida sea".
Volviendo a la situación del Parlamento, a cuyo acto de constitución no tienen constancia de haber sido invitados, Cayo Lara aseveró que ni IU ni los ciudadanos que les han dado su apoyo "nos sentimos representados en las Cortes" ya que ninguno de los diputados hablará "en nombre de los votantes" de esta formación.
Aseveró que la situación es "la de la pescadilla que se muerde de la cola" y que la democracia en las Cortes de Castilla-La Mancha -edificio que, a su juicio, habría que modificar hasta por estética- está "envenenada" y en un "círculo vicioso permanente", convencido de que en este ámbito "no estamos en la España emergente sino de la más profunda", dijo.
Finalmente, Cayo Lara recordó al nuevo presidente del Parlamento autonómico, Francisco Pardo, que tiene que estar al servicio de los 919 municipios de la Comunidad Autónoma, independientemente de su signo político, ya que "cualquier otra cosa es un chantaje a los ciudadanos", concluyó.
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