La guerra de los idiomas abre una brecha entre PP y CiU en plena carrera electoral

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hiciera público esta semana un auto en el que da un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza de la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, el presidente Artur Mas hizo un llamamiento solemne al "pueblo de Cataluña" para defender la lengua y la cultura catalana. "Nos mantendremos fieles y firmes" en defensa de la lengua frente a quienes quieren "convertirnos en algo residual", afirmó en un comunicado el presidente de la Generalitat, que advirtió de que los rasgos básicos de Cataluña "vuelven por enésima vez a estar bajo amenaza". CiU amenaza con romper con el PP El PP y Ciutadans han sido las dos únicas formaciones de Cataluña que hasta el momento han exigido a la Generalitat que cumpla la resolución del TSJC que obliga a implantar el castellano en las escuelas. El presidente del grupo de CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol, advirtió ayer a los populares de que si hacen del bilingüismo en la escuela una materia de enfrentamiento, "dejarán de ser nuestros compañeros de viaje para cualquier materia". La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, asegura en una entrevista concedida a LA RAZÓN que si la Generalitat no cumple la sentencia del TSJC, desde su partido actuarán "con firmeza delante de un Gobierno que salta el Estado de derecho". Sánchez-Camacho defiende una "Cataluña plural, bilingüe y que forma parte de una España de todos", y acusa a CiU de estar "mostrando su cara más radical". El presidente del TSJC dice que el auto no cambia el modelo lingüístico El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, señaló ayer que el auto hecho público por el tribunal el pasado viernes no obliga a cambiar el modelo de inmersión en catalán, y que sólo afecta a las familias que pidieron educar a sus hijos en castellano. De esta manera, según destaca EL MUNDO, Gimeno se suma a las tesis defendidas el sábado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien defendió la constitucionalidad del sistema educativo catalán y declaró que el mandato del TSJC sólo afecta a "casos concretos y puntuales".