Los informes, que se espera que estén listos para la próxima semana, deben ser sometidos a consideración del pleno del Congreso, que en cualquier caso no tiene un plazo preciso para tratar la cuestión.
El Congreso de Ecuador aplazó este martes los trámites para el eventual procesamiento por injurias graves del presidente del país, Rafael Correa, al decidir pedir informes de dos comisiones del legislativo antes de tratar el posible levantamiento de la inmunidad al gobernante.
En una reunión entre el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, y los jefes de los bloques parlamentarios, se resolvió que el pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enjuiciar penalmente a Correa pase a las comisiones de lo Civil y lo Penal y la de Asuntos Constitucionales para que emitan sendos informes.
Los informes, que se espera que estén listos para la próxima semana, deben ser sometidos a consideración del pleno del Congreso, que en cualquier caso no tiene un plazo preciso para tratar la cuestión.
Aunque no hay una postura unánime, diversos grupos, partidarios y opuestos a Correa, no están a favor del enjuiciamiento del presidente, por una denuncia interpuesta por el ex asesor del Ministerio de Economía Quito Pazmiño, "no tiene sentido", según dijeron a medios locales.
Los grupos parlamentarios de Pachakutik, Movimiento Popular Democrático (MPD), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Unión Demócrata Cristiana (UDC) se oponen al enjuiciamiento de Correa, lo que hace difícil el proceso, pues se necesitan dos tercios (67) de los votos para permitirlo.
Por su parte, Pazmiño ha amenazado con hacer público un video que, según él perjudicaría a Correa, si en dos semanas el presidente no presenta pruebas de las acusaciones que le hizo cuando fue cesado como asesor del Ministerio de Economía.
"Le doy un plazo de 15 días para que le demuestre al país, con pruebas plenas, todas las imputaciones criminales que me ha hecho, de ser un ladrón, un canalla y que estuve en negociados", dijo ayer Pazmiño, sin adelantar el contenido del supuesto video.
Pazmiño demandó a Correa ante la CSJ en mayo pasado, tras ser despedido del Ministerio de Economía, y le reclama 10 millones de dólares.
Tras ser despedido, Pazmiño entregó al menos un video a un canal de televisión local en el que aparecía el entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, en una conversación sobre una eventual manipulación de los pagos de los bonos de deuda Global 2030.
El video causó un escándalo y fue el motivo de un juicio político a Patiño, que fue censurado en el Congreso, sin que por eso perdiera su cartera, aunque posteriormente Correa lo designó "superministro" del Litoral, encargado de reforzar la administración en la zona costera.
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