El Parlamento Europeo pide que se revise limitación de líquidos en los aviones y se derogue si no se demuestra su eficacia

   Los eurodiputados critican que el reglamento en cuestión "no se ha aplicado uniforme y coherentemente en todos los aeropuertos de la Unión Europea" y alertan "del mayor coste para los aeropuertos y operadores" y "del perjuicio económico que supone para los pasajeros de la aviación civil la confiscación de efectos personales". También denuncian las "considerables molestias e inconvenientes que causa la aplicación del reglamento tanto a los pasajeros, en particular a los que se encuentran en tránsito, como a los operadores".

   La resolución exige al Ejecutivo comunitario que publique en su integridad la norma, ya que en la actualidad algunas partes son secretas, para que los ciudadanos conozcan exactamente "el texto literal de las prohibiciones y restricciones que se les pueden aplicar, así como la lista de excepciones a las mismas y las motivaciones de la medida". De lo contrario, los diputados amenazan con acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

   Finalmente, la Eurocámara expresa su apoyo a cualquier medida antiterrorista en la aviación civil "que minimice los riesgos y no sea desproporcionada" y pide a los Estados miembros que presten mayor apoyo a la investigación a fin de descubrir "instrumentos eficaces" para la detección de explosivos en los líquidos. La resolución tiene un valor político porque el Parlamento carece de competencias para obligar a la Comisión a revisar esta norma sobre los líquidos en los aviones.

   El reglamento, que entró en vigor el 6 de noviembre de 2006, se aprobó después de que se descubriera en verano de ese año un complot terrorista en Reino Unido que pretendía hacer estallar aviones en pleno vuelo con explosivos líquidos que los terroristas llevarían en su equipaje de mano.

   Para prevenir este tipo de ataques, la norma impone que cada pasajero podrá llevar sólo 100 mililitros de líquido por envase, aunque está permitido transportar varios recipientes. Todas las botellas con líquidos tienen que meterse en una bolsa de plástico transparente con un tamaño máximo de un litro y que se pueda sellar. Esta bolsa tiene que mostrarse en los puntos de control y pasarse también por el escáner. Los recipientes que no cumplen estos requisitos son requisados por el personal de seguridad de los aeropuertos.

   El eurodiputado de Convergència i Unió (CiU), Ignasi Guardans, uno de los principales promotores de la resolución, afirmó que la norma sobre líquidos en los aviones supone un "abuso de competencias" por parte de la Comisión, que lo aprobó mediante un "procedimiento oscuro". Guardans explicó que, durante las audiencias públicas celebradas durante los últimos meses por el grupo liberal, los expertos dejaron claro que el reglamento "no es eficaz" y que los límites que se fijan son "puramente arbitrarios" porque "con menos de eso se puede perfectamente fabricar una bomba".

   Destacó que los pasajeros han descubierto este verano la "irracionalidad" de estas medidas ya que han dado lugar a situaciones como la que sufrió un grupo de peregrinos que volvía de Lourdes en la compañía aérea fletada por el Vaticano y que se vio confiscada el agua bendita.

   El representante de CiU consideró "inaceptable" que se someta a un "chantaje moral" a quien cuestiona la eficacia de determinadas medidas de lucha contra el terrorismo y desveló que un representante de la Comisión, a quien no identificó, respondió a sus críticas afirmando que "cuando explote una bomba en un avión nos acordaremos de usted".

   Por su parte, los eurodiputados españoles del PP votaron en contra de la resolución al considerar que "es una señal al terrorismo de fragilidad e impotencia, de aceptar una nueva incapacidad para luchar contra los terroristas y, en definitiva, un profundo error político al que no hemos querido contribuir con nuestro voto", según dijo el parlamentario popular Luis de Grandes a través de un comunicado.

   De Grandes señaló que el PP comparte las críticas que se han producido contra estas medidas y las dudas que existen sobre su eficacia, así como las molestias que están produciendo entre los pasajeros de los aviones en Europa y los perjuicios económicos a las compañías aéreas. Sin embargo, subrayó que "una cosa es pedir a la Comisión Europea que evalúe su eficacia y otra que el Parlamento Europeo la quiera obligar en términos drásticos e inoportunos a derogarlas".

   "Esta resolución nunca debió traerse a la Cámara", manifestó el eurodiputado del PP, para quien "si el impulso de los promotores está inspirado en la buena fe han pecado de inoportunidad política".