Puede ser, por tanto, una huelga sin razón, o irrazonable, pero legal a carta cabal. Por tanto habrá que juzgar no que un sector de los médicos de Cantabria estén en huelga sino el por qué y el cómo de dicho conflicto.
En las razones, las que ellos expresan y no las que se les adivina, está una mejora en sus condiciones laborales, principalmente las económicas. Una reclamación que se viene arrastrando desde 1992 y que los dirigentes del conflicto sabrán por qué han planteado ahora y no antes.
Echo en falta dos cuestiones que casi siempre han estado presentes en los conflictos en este campo: la defensa de la sanidad pública --claro que es difícil defender tal cosa mientras se multiplican las listas de espera a consecuencia de los paros-- y petición, que casi siempre va unida a los conflictos laborales, de creación de nuevos puestos de trabajo.
Y no lo está porque con el actual Gobierno se han creado casi 1.500 nuevas plazas sanitarias, de médicos y ATS, cuya consolidación, mediante la correspondiente Oferta Pública de Empleo, quedó prácticamente cerrada ayer tras la reunión mantenida por la consejería de Sanidad y los sindicatos del sector. Una reunión de la que, casualmente, se autoexcluyó la organización convocante de los paros médicos.
Y es que sin poner en cuestión el derecho a la huelga, es mucho más dudosa la legitimidad de que en un terreno tan sensible como la salud un colectivo, en este caso el de los médicos, recurra, como primera medida de presión, a paralizar la atención a los pacientes.
Exigir negociar ahora, desde la postura de fuerza de la huelga, sin previamente haberse sentado a la mesa de negociación es una actitud ventajista que ningún Gobierno que se precie aceptaría.