“Los presos por derechos humanos deben estar separados”

“No pueden concentrar a los presos que tienen el mismo tipo de responsabilidades o similares en los mismos centros de detención”, señaló Alonso al diario Página/12. “Por lo que pude conversar” (con funcionarios argentinos), aclaró, existe una amenaza: “La presencia de grupos que puedan llevar a cabo atentados contra personas que van a comparecer” en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado.

“Por desgracia, en el primero de esos juicios que ha recaído sentencia se ha producido una desaparición. El esclarecimiento de ese hecho debe ser una prioridad para el Ministerio del Interior, para las unidades policiales y las autoridades judiciales”, destacó.

Para mostrar la complejidad del tema, Alonso contó que en España, en el juicio a los GAL –que habían encarnado la represión ilegal dirigida a ETA en los ’80– “teníamos riesgos indudables porque las personas que estaban implicadas pertenecían a la guardia civil, tenían acceso a informaciones sobre nuestras investigaciones”.

Habían pasado más de diez años, pero el peligro existía. Y sucedió: “A los cinco días de declarar, un testigo fue secuestrado, violado con una barra de hierro y quemado. Le metieron los papeles de su citación judicial en la boca, luego lo liberaron. Fue un mensaje atroz. Era un testigo de referencia, no era central”, explicó.

“A otro testigo que tenía identidad reservada y escolta policial, pero se había dejado ver difuminado por la televisión, le quemaron la empresa”.

El fiscal español Alonso tiene 48 años, integra la Audiencia Nacional de España desde hace 18 y trabaja para la Unidad de Naciones Unidas para la investigación del crimen y la delincuencia, donde integra un programa específico de protección de testigos.

Conoce bien la historia argentina, entre otras razones porque intervino en las causas contra los represores Adolfo Scilingo y Miguel Cavallo. Llegó a Buenos Aires convocado por el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejando Slokar.

“He advertido un problema de largo calado que evidentemente necesitará tiempo, que es la desconfianza total de los testigos hacia los servicios de seguridad y las unidades policiales”, diagnosticó con cierto asombro.

También reparó en el gran número de testigos que deben declarar en los juicios por crímenes de la dictadura: “Cinco mil, me han informado”, destaca. “Ningún sistema del mundo puede asumir la carga de ofrecer protección a tanta gente. Para empezar, deben hacer una individualización, una evaluación y una selección de qué nivel de protección van a requerir (que puede ir desde custodia simple hasta un cambio de identidad). El enfoque debe ser multidisciplinario y es importante que se involucre la sociedad civil, algo que ya está ocurriendo”, comentó.

Alonso recomendó la creación de unidades especiales dentro de las fuerzas de seguridad, previamente seleccionadas con criterios objetivos y que cuenten con un perfil de un policía de cierta juventud, con funciones exclusivas de protección. “Estamos a 30 años de lo ocurrido, alguna remoción imagino que debe haber habido. Y si no... para romper la desconfianza habrá que pensar en otros modelos de seguridad privada”.

Alonso contó que en su país, con el juicio a los GAL, también existía “el problema de los alojamientos preferenciales ya que había militares involucrados”. “Dimos la batalla y se impidió que cumplieran la pena en centros militares, auténticos hoteles de 4 estrellas, y tuvieron que pasar a prisiones comunes”.

La mayor polémica en España se planteó sobre la “dispersión” de los presos de ETA. Cuando estaban agrupados y con un régimen de visitas normal surgieron “problemas de seguridad, de transmisión de consignas, información y objetivos”, relató Alonso. Y se detectó que había “familiares y abogados que pasaban información a la organización”.

“La dispersión de los presos es un instrumento totalmente eficaz, pero fue cuestionado; finalmente resultó avalado por el Consejo de Europa”, explicó. “Incluso se resolvió desaforar lazos familiares para proteger otros bienes jurídicos. Ahora hay 500 presos de ETA y se busca que estén lo más separados posible”.